El Pacto firmado entre el Gobierno nacional y los estudiantes, para entre otros importantes efectos, levantar el paro, constituye un buen ejemplo histórico de pluralismo y convivencia ciudadana. Parte de reconocer la existencia de un contradictor con el que es necesario dialogar, negociar y llegar a un acuerdo. Y en Colombia, reconocer al contradictor, en especial, por parte de la clase dirigente nacional, ha sido bastante difícil.
Por ejemplo, todavía, después del camino bien andado en el proceso de Paz con las Farc, importantes voceros de la clase política nacional, se mantienen en la tesis de sostener que en el país, no existía conflicto interno. ¡Válgame Dios!.
En épocas no muy lejanas, las movilizaciones estudiantiles terminaban en violentas grescas, y nada más. La mayoría de los líderes estudiantiles de aquellos tiempos, concebían la movilización como un evento justificable en sí mismo, por cuanto poco o nada tenían en proyección de sentarse a hablar en el “establo estatal” ni menos con “el establo parlamentario”, alrededor de peticiones negociables. Las vías de hecho, justificaban la protesta. Además, se entendían políticamente correctas, por la existencia de aliados armados a la sombra, en lucha frontal contra el Estado. Algo se aportaba, soñaban ilusamente muchos de los muchachos de entonces.
Pero, la negociación alcanzada exitosamente es un Pacto dentro de un contexto muy amplio, que están ahí a la espera de ser logrados para el bien de la Nación. Uno de ellos, mucho más complicado y difícil que el estudiantil, pero igualmente necesario y urgente, lo constituye el agrario por cuanto conjuga paz, convivencia regional, desarrollo integral, en territorios donde persisten organizaciones criminales armadas en permanente actividad delictiva.
Nada fácil. No olvidemos que los Pactos en este sector agrario tienen antecedentes históricos, poco favorables para el campesinado; por ejemplo, el firmado en la población tolimense de Chicoral, por allá en 1972 por voceros de los partidos tradicionales, terratenientes, ganaderos y grandes hacendados que frustraron un tímido intento de reforma agraria plasmada en la Ley 135 de 1961.
Algo parecido, a un proyecto de Ley presentado recientemente por la Senadora Cabal, proponiendo modificaciones a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que a juicio de conocedores del tema, pretendía la defensa de los intereses de los particulares y beneficiarios que compraron tierras aprovechándose de la guerra. Lo mismo que antes, defendiendo terratenientes y atropellando al campesinado.
De ahí, la importancia histórica del Pacto Estudiantil firmado hace pocos días. Se derrotan las vías de hecho y se consolidan los caminos del diálogo, que al final fortalecen los mecanismos de democracia participativa ampliando las bases de legitimidad institucional. Lo agrario constituye un buen reto.
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