En defensa de la JEP

Camilo González Pacheco

Sostener, a estas alturas de la historia patria, que en Colombia no ha existido conflicto interno, es nada más ni nada menos, que desechar la opción de las soluciones negociadas con las organizaciones subversivas, e insistir en la victoria militar como única alternativa de paz para el país.

Precisamente, por considerar que sí existió conflicto interno, y que la vía de las armas no constituía alternativa viable para acceder al poder, las Farc y el Estado, iniciaron un proceso de paz exitoso, que la derecha cuestiona y trabaja para hacerlo trizas lo más pronto posible. Y también en concordancia con lo anterior, deslegitimar la rama judicial, y desobedecer la Corte Constitucional.

Analistas internacionales, destacados politólogos y académicos nacionales, han resaltado los logros humanitarios de este acuerdo, en cuanto de manera objetiva y real permitió la disminución de violencia y homicidios. Igualmente, en las instancias de convivencia, alcanzó un logro histórico de significativa trascendencia, al viabilizar la conversión en partido político, de una de las guerrillas más antiguas y numerosas del mundo, con más de 50 años de trasegar por los dolorosos caminos de la muerte.

Dentro de las estrategias para golpear el proceso de paz, desconociendo la cosa juzgada constitucional, está la de tirar a acabar, de entrada, con la joya de la corona, la JEP. Institución que ha sido reconocida por importantes organismos de la comunidad internacional, como una de las experiencias más novedosas e interesantes de justicia restaurativa.

Intentar destruir la JEP y los Acuerdos, constituye un llamado belicista, que obliga a la necesaria conformación de una gran coalición ciudadana, política, social en defensa de la Paz, como un derecho y un deber tal y como lo consagra nuestra Constitución Política. Y, de manera especial y preferente, de respaldo a la JEP en su actuar institucional en el propósito de lograr convivencia nacional.

Más que cuestionar los logros alcanzados, los retos en esta coyuntura histórica por parte del Estado y la Sociedad en su conjunto, deberían estar orientados a consolidar la defensa del Derecho Fundamental a la vida, sobre todo la de los líderes sociales, cuyos homicidios diarios espantan por su perversa continuidad, ante la inercia estatal para detenerlos y combatirlos.

Y claro está, en concordancia con lo enunciado esta semana por James Stewart en su calidad de vicefiscal de la CPI, de apoyar decididamente a la JEP en su trascendental tarea de ser un mecanismo viable y clave de justicia transicional.

La Justicia Internacional observa esperanzada el cumplimiento de la JEP, de su objetivo histórico. Y, convertirse por ello, en un referente esperanzador en la solución incruenta de conflictos a nivel universal. A buena hora.

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