La migración ha sido siempre una repuesta humana a la necesidad de cambiar nuestro entorno, cuando este se vuelve amenazante para nuestra seguridad o sobrevivencia. Por ello, se parte del reconocimiento de la libertad de emigrar o inmigrar como un derecho humano fundamental. Desde esa concepción, limitar la entrada o salida de personas en un país determinado constituye un atentado contra su libertad y, por ello mismo, son cuestionables las medidas que adoptan los países para restringir la circulación de personas, no obstante su facultad de regular los flujos migratorios.
En América Latina y del Caribe se han identificado grandes migraciones: la primera a mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX que movilizó a más de cincuenta millones de europeos hacia nuestra región, determinados esencialmente por la pobreza; luego se produjo del campo a las ciudades en la crisis de 1930; la tercera se presentó entre países fronterizos, como sucedió a consecuencia de problemas políticos, económicos y sociales, por los años sesenta. Y, ahora, la última motivada por la globalización donde millones de personas, en pobreza extrema, excluidas, marginadas, azotadas por guerras y conflictos internos migran a países desarrollados; todo esto como expresión de la crisis del capitalismo.
En Colombia el conflicto interno y la crisis económica, en la década del noventa al dos mil, produjo la migración de más de un millón de compatriotas especialmente a Estados Unidos, España y Venezuela.
Este fenómeno, produce consecuencias tanto positivas como negativas, igual en el país emisor, donde disminuye la presión social, como en el receptor, donde la respuesta puede ser de aceptación o de represión según sus conveniencias.
La migración ilegal es un fenómeno que afecta especialmente a Estados Unidos y Europa, siendo su causa principal, la pobreza extrema: no hay empleo; no existe manera de satisfacer las necesidades básicas; no hay futuro posible; en muchos países solo se ofrece a sus jóvenes marginalidad y violencia.
La respuesta no puede ser el desconocimiento de la humanidad de los migrantes, al punto de propiciar su muerte cruel; ahogados en mares o ríos, sedientos o espinados por los cactus en los desiertos, cazados como animales salvajes, buscados como delincuentes con drones de guerra; separadas o destruidas sus familias, gaseados en los puentes internacionales, como hizo el gobierno mexicano cumpliendo con el trabajo sucio impuesto por Trump. Qué vergüenza, en sociedades que se reclaman cristianas.
Esa es la lógica del capitalismo salvaje que propicia la libre circulación de bienes y de capital financiero, pero reprime a las personas pobres.
Colombia, hay que reconocerlo, ha ensayado una respuesta diferente. Ojalá podamos avanzar integralmente en la efectiva garantía de derechos fundamentales de nuestros hermanos venezolanos.
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