Cebando al lobo

En la columna anterior me referí a la desidia del Estado con nuestra seguridad. Acaba de ser corroborada mi afirmación con el sangriento paro armado del Clan del Golfo, que deja un saldo de trece homicidios, 174 vehículos quemados, 200 municipios bloqueados con escuelas y comercios cerrados. Dicha Bacrim recogió a los rebeldes de la Ley 975 de 2005, más conocida como de “Justicia y Paz”, con la que Uribe pretendió desmovilizar a los paramilitares. Desde entonces no han parado de crecer bajo diversos motes: Clan Úsuga, Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Sobrevivieron a la extradición de los hermanos Daniel (Don Mario) y Freddy Rendón Herrera (El Alemán), y por lo que comentaremos más adelante, quizá también lo hagan a la extradición de Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga.
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Nos han obligado a perdonar todo tipo de violencias: transportadores, la quema de camiones y buses; comerciantes, extorsiones y atracos; campesinos, que los hagan pasar por subversivos para matarlos; señoras y estudiantes, que les rapen la cartera o apuñalen por robarles el celular o la bicicleta. Razón tiene Juan Oberto Sotomayor (ponencia U. de Antioquia, mayo 1998), al decir que en Colombia hay un divorcio entre el derecho y la realidad. Contamos con una legislación inspirada en una filosofía liberal que le impone rígidos límites al poder punitivo del Estado. Un régimen “garantista” redactado por litigantes interesados en la impunidad de sus clientes. Pero, de otra parte, vivimos en “emergencia”; la histeria de un populismo legislativo antiterrorista, antidrogas, antisecuestro, anticorrupción, antiviolencia intrafamiliar; que convive con una recurrente legislación “de paz” con incesantes promesas de impunidad. Expectativas que se lanzan en medio de masacres, desplazamientos, secuestros, “falsos positivos” y el actual paro armado. 

Petro, imparable en las encuestas, asume el rol de perdonavidas y dice en Ciénaga, Magdalena: “Los paracos que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad. Como todas las sociedades, deben tener una segunda oportunidad”. Luego agregó que autorizará diálogos regionales (a cargo de alcaldes y gobernadores) con todos los grupos armados. He ahí los desarrollos de su controvertido “perdón social”. Ya no solo quiere meter en su bolsa a los que pagan condenas de presidio en La Picota, por haber saqueado los erarios de Bogotá, Cartagena, Villavicencio o Bucaramanga, sino ahora invita a las bandas de narcotraficantes, mineros ilegales y deforestadores que asuelan el campo colombiano a “una segunda oportunidad” concertada con los mandatarios de las poblaciones que roban, extorsionan y aterrorizan.  Ya imaginarán ustedes quiénes financiarán las próximas elecciones. 

No va más el argumento de atribuir la violencia colombiana a la izquierda guerrillera o a la derecha paramilitar: las mafias no tienen partido ni color, pero sí la capacidad de controlar el territorio a través de sus presupuestos y gobernantes. Así las cosas, bastará un revolver, una motocicleta y la protección de “un duro”, pues más pronto que tarde vendrá a una amnistía o indulto para vivir sabroso con pena alternativa y mesada oficial. 

Los políticos prefieren las urbes al campo, pues allá están los votos. Como lo leí en alguna parte: “Somos una democracia imperfecta, en una sociedad con precaria cultura política, poquísimos elementos de cohesión y con escasa presencia de proyectos colectivos de construcción de país”. Pero a falta de esto todavía quedan ingenuos que esperan el advenimiento de un falso “mesías” que decida por ellos.  

 

GUILLERMO HINESTROSA

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