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En guardia

La semana anterior arranqué hablando del “subsidio al salario mínimo”, queriendo decir “subsidio de las pensiones del salario mínimo”. Hecha la corrección finalicemos este asunto diciendo que su ajuste por encima del IPC viene absorbiendo las mesadas ligeramente superiores, que en adelante quedan indexadas por aquél. Duque arrastró un 3 % de la nómina y Petro podría duplicar el efecto, drenando aún más las arcas oficiales.
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Me referiré hoy al régimen especial de la Fuerza Pública. El sistema de remuneración es muy complejo, pero baste con decir que el sueldo básico de un coronel equivale al 28,5 % de su ingreso real. La Policía les reconoce asignaciones de retiro a oficiales, suboficiales y agentes después de 15 años, por causas no voluntarias o de 20 por solicitud propia, sin importar la edad. Si usted entra a la escuela de cadetes a los 17 (computan 2 años de formación) y lo retiran luego de 15, quedaría jubilado, de por vida, a los 33. Si lo sacaran a los 20 de servicio y 38 de edad, su asignación podría alcanzar $12 millones.

Nadie debería salir del servicio en el momento óptimo para aportar madurez, conocimiento y experiencia. No se discute el alto riesgo. La Corte Constitucional justifica los beneficios excepcionales “porque debemos compensar el desgaste físico y mental que implica el estado de inseguridad al que se somete al militar y a sus familiares durante la prestación de su servicio”.

Pero si soldados y policías son héroes, los ciudadanos somos mártires de un Estado incapaz de darnos seguridad y víctimas del hampa. Los resultados están a la vista. Según el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC 2022), la sociedad civil colombiana padece la segunda tasa de criminalidad más alta del mundo con un indicador de 7,66 (primero, República del Congo, 7,75; quinto México, con 7,56). Además, como en Colombia “al lado del enfermo come el alentado”, en 2018 el Consejo de Estado les restó 5 años de servicio a 38.000 policías “de nivel ejecutivo”, para igualarlos con sus compañeros operativos. Populismo judicial con plata del contribuyente.

El costo fiscal del fallo fue calculado en $600.000 millones anuales, porque dichos “administrativos” engrosarán tempranamente los 206.000 beneficiarios de asignaciones de retiro que hoy cuenta el sistema, y los tendremos que reemplazar.

Entre 2002 y 2021 la Fuerza Pública pasó de 313.406 a 452.466 hombres y los retirados de 89.000 a 192.500. Los presupuestos pagan 20 % más, per cápita, en términos reales. El 94 % va contra el Presupuesto General, pues como no existe aporte patronal, las Cajas de Retiro sólo contribuyen con el 6%.

El cálculo actuarial de las pensiones de la Fuerza Pública no lo pude encontrar actualizado, pero a diciembre de 2010, según la Contraloría General, representaba el 19% del PIB.

Es políticamente incorrecto decirlo, pero las reformas pensional y de la Policía deberían modificar ese absurdo “régimen especial” que los jubila en el momento que más los necesitamos y mejor preparados están. El que no sea ascendido que pase a la función administrativa o a desempeñarse en tareas de menor riesgo relativo, como las funciones de tránsito, de policía infantil, turismo, etc. 

Pues de seguir como vamos, el presupuesto “para la guerra” se consolidará como un magnánimo pensionadero de jóvenes empresarios de la vigilancia privada.

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GUILLERMO HINESTROSA

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