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Las AGC es una marca ‘política’ del Clan del Golfo. Una organización narco-paramilitar creada en 2006, por elementos disidentes del proceso de desmovilización con las AUC, en la frontera de Urabá con Panamá, una zona estratégica para el tráfico de cocaína, por sus salidas al océano Pacífico y al mar Caribe y sin presencia casi de fuerza pública. También se les ha conocido como Clan Úsuga, los Urabeños y el ‘bloque Héroes de Castaño’. Intentó negociar con la administración Santos y desde entonces ha pretendido darles tinte político a sus actividades. Su ámbito de influencia es la zona ya descrita y los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Desde hace meses, las AGC tienen una fuerte confrontación con la Policía Nacional, que les ha propinado duros golpes. Esto explica el elemento central de su comunicado, en el cual rechaza “el uso violento de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra las marchas que se vienen realizando en todo el territorio colombiano”. Y agregan: “el uso de la fuerza no puede ser un mecanismo violento para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales en una democracia, como el derecho a la protesta social, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender sus derechos”. Ahora el narco paramilitarismo se erige en defensor de los derechos humanos. ¡Sorprendente! En realidad da risa. Las AGC buscan legitimar su actividades criminales, aduciendo que existe “desprotección constitucional” y que la “ciudadanía también es atacada por el Eln y las disidencias de las Farc, quienes bajo órdenes de Iván Márquez ejercen su accionar violento en el mismo escenario en donde los ciudadanos expresan y defienden sus derechos”.
¿Por qué hacen de la Policía su blanco de críticas? ¿Y por qué buscan igualarla con el Eln y las disidencias de las Farc? Es una sospechosa conducta que se presta para múltiples interpretaciones. La Policía Nacional vive un momento crítico y cada día aumentan las voces que claman por una reforma, según confirma una encuesta presentada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital, la cual revela que el 83 % de los ciudadanos así lo quieren. ¿Con el comunicado y las pintadas (grafitis) se pretende reforzar la hipótesis de que estamos igual o peor que antes del proceso de paz con las Farc, ¿justo cuando los líderes del antiguo Secretariado han comenzado a contar la verdad y a asumir sus responsabilidades? Existe una manifiesta intencionalidad política, crear un clima de miedo, incertidumbre y caos, para propagar la creencia de que de esto solo puede salvarnos un gobierno de mano firme.
¿Por qué se ataca a la Policía y ni se menciona al Ejército? Es necesario que el Gobierno y las diferentes agencias de inteligencia y centros de pensamiento analicen esto. Detrás hay una mano oculta y siniestra, que quiere sembrar caos, miedo y anarquía, y no podemos permitirlo.
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