Otra vez Corinto

Las imágenes parecen extraídas de Siria, pero no. Son de Colombia, del Cauca, en donde grupos ilegales hacen y deshacen ante la mirada impotente del Estado. Los responsables del atentado terrorista perpetrado en Corinto el pasado viernes, son – según las autoridades - guerrilleros del frente ‘Dagoberto Ramos’, de las disidencias de las Farc, que además habrían secuestrado a un funcionario del CTI en un ‘retén’. Además, se reportaron combates entre el Eln y disidencias de las Farc en pleno casco urbano de El Plateado, corregimiento de Argelia (Cauca), allí guerrilleros atrincherados en los árboles del parque principal se echaron bala, mientras la población civil quedaba indefensa en medio del fuego. Pruebas palmarias de un Estado incapaz de garantizar seguridad y desarrollo en el territorio. 
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Estos dolorosos episodios son un recordatorio de que el conflicto armado está vivo, aunque haya disminuido en su intensidad. Ha habido ataques contra organizaciones indígenas y sociales en Miranda, en Caloto, en Toribío, municipios con un alto número de cultivos de marihuana y laboratorios donde se procesa hoja de coca. Las preguntas obvias son: ¿Y en dónde está el Estado? ¿En dónde está y qué hace el Ejército? ¿Cuál es la política de aseguramiento territorial de esta administración? ¿Cuáles son las directrices del Ministerio de Defensa?

No es la primera vez que Corinto es víctima de violencia y terrorismo. A finales de enero de 2019 hubo combates entre disidentes de las Farc y el EPL, y se encontraron cuerpos con signos de tortura que llamaron la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia. El Gobierno se limita a decir que se trata de disputas por el territorio entre grupos ilegales vinculados al narcotráfico. Lo que equivale a descubrir que el agua moja. Durante los primeros dos meses de 2019 ya había en Corinto 200 personas desplazadas, y al menos 500 más confinadas, según la Defensoría del Pueblo. Y lo sucedido en 2019 se repitió en 2020, se está repitiendo en 2021 y con seguridad se repetirá en 2022. Los indígenas vienen quejándose de la situación e incluso han hecho marchas hasta Bogotá, pero todo parece indicar que no hay oídos dispuestos a escuchar. ¡Una vergüenza! 

Ahora bien, Cauca tampoco es un hecho aislado. Sucede lo mismo en Arauca, en el Catatumbo, en Chocó, en Nariño. En agosto de 2020 fueron asesinados ocho jóvenes en Samaniego; y ese mismo mes hubo un atentado terrorista contra la Alcaldía de Buenaventura, en donde se libra una guerra urbana entre estructuras criminales, que se agudizó a comienzos de este año: ¡33 combates en 33 días de 2021!

Las acciones gubernamentales brillan por su ausencia, nunca pasan del uso de adjetivos descalificativos, consejos de seguridad y ofrecimiento de recompensas. Pero no se ven resultados concretos. Esta es la verdad verdadera, y debería ser objeto de un amplio debate nacional. Sería bueno conocer qué piensa la treintena de precandidatos presidenciales sobre esta situación, que nos dijeran cuáles son las alternativas para superar este problema de gobernanza territorial.

Mi solidaridad con el pueblo de Corinto.

GUILLERMO PÉREZ

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