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Ibagué es de los once municipios del Tolima que está creciendo en población. Es una ciudad en expansión, puesto que es la primera parada de quienes emigran de los pueblos en búsqueda de oportunidades laborales, estudio, seguridad o calidad de vida. En 1993 tenía 350 mil habitantes, hoy puede tener más de 600 mil. Le está llegando gente procedente de varios lugares, especialmente de Bogotá, por las más diversas razones. Para 2023, la ciudad podría casi duplicar la población que tenía hace treinta años. Ahora bien, la expansión trae consigo retos en materia de servicios públicos, vías, educación, salud y empleo. En lo referente al acueducto, la principal respuesta la han dado las propias comunidades, no la administración municipal, tal como lo demuestra el estudio de la Universidad de los Andes, ‘Desafíos de los acueductos comunitarios frente a la expansión urbana de Ibagué (2019).
Según el anuario estadístico hay 83 acueductos comunitarios (35 en el sector urbano y 48 en el rural), aunque en 2018 la Alcaldía y el IBAL sólo reconocían 32. Es posible que la temporada de lluvias también le haya impedido a esta administración levantar un dato cierto en este campo. El estudio afirma que podrían ser muchos más. Dichos acueductos están soportando la expansión urbana y comprometiéndose con soluciones que no están en condiciones de dar, y todo porque “el IBAL no tiene la capacidad de otorgar puntos adicionales de abastecimiento pues no cuenta con fuentes de agua suficientes”. Las comunas 6 y 13 tienen la mayor presión de los urbanizadores, las construcciones rebasan la capacidad de las empresas comunitarias y ponen en riesgo la sostenibilidad de barrios enteros. Precisamente, un juzgado acaba de imponer seis días de arresto domiciliario y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales al alcalde Andrés Hurtado, por desacatar una tutela interpuesta por un residente del conjunto Alminar Samoa, debido a la falta del suministro y calidad del agua. Un caso paradigmático de la crisis que vive la ciudad.
Señor Herrera, no ofenda la inteligencia de los ibaguereños. La culpa no es de la naturaleza, es de los gobiernos municipales que han resultado incompetentes para atender la expansión urbana. Las comunidades intentan resolver una situación cuyo principal responsable es precisamente la empresa que usted gerencia. El problema es que la preocupación no es tener un servicio óptimo de acueducto sino garantizar resultados electorales.
El desabastecimiento de agua no es un asunto meteorológico, es un problema de gerencia. Piense menos en las próximas elecciones y más en las próximas generaciones. Lo que está de por medio es la salud pública de la octava ciudad del país. ¿Ya tiene claro cómo se atenderá la demanda de agua de un proyecto de 19 torres en el barrio Ambalá, cuya licencia se expidió con base en una certificación de disponibilidad de servicios otorgada por una asociación comunitaria?
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