Mi actitud ante el plebiscito convocado por el Gobierno en relación con el hasta ahora borrador o proyecto de acuerdo entre los delegados del Ejecutivo y los de las Farc con el objeto de poner fin al conflicto armado ha sido más jurídica que política.
He mirado las cosas desde la perspectiva de lo que ha ocurrido y de lo que, según pienso, ocurrirá en Colombia, desde el punto de vista constitucional, cuando entren en vigencia las normas que habrán de ser dictadas en desarrollo de lo convenido en La Habana.
Como lo saben mis lectores, no me he caracterizado por oponerme a los diálogos de paz. Por el contrario, he sido un amigo permanente de la paz mediante el diálogo, y en especial, acompañé desde el principio la iniciativa del presidente Santos en el sentido de procurar, no mediante más guerra sino por la vía pacífica, que se acabe la violenta confrontación que desde hace medio siglo ha provocado en Colombia sangre, muerte y destrucción.
Así que nadie intelectualmente honesto me puede señalar como enemigo de la paz, porque no lo soy. Quienes tengan alguna duda pueden examinar las varias sentencias dictadas en la Corte Constitucional con mi firma o ponencia y mis libros, artículos y columnas -radiales y escritas- en torno al asunto.
Ahora bien, tras el trámite y aprobación del Acto Legislativo 1 de 2016, que a mi juicio no han respetado las prescripciones constitucionales, he formulado observaciones al respecto. Y hoy, ante la pregunta formulada por el Gobierno con miras al plebiscito del 2 de octubre -por otra parte, innecesario-, no puedo recomendar la votación por el Sí porque debo conservar mi coherencia y sobre todo la fidelidad a mis convicciones desde el punto de vista jurídico.
Al manifestar mis opiniones no he sido ni seré vocero, ni representante de movimiento o partido político alguno. Pero coincido con lo dicho y escrito en los últimos días por importantes dirigentes de distintas tendencias sobre la validez de la respuesta negativa frente al interrogante presidencial.
El Congreso ha aprobado sin mayor estudio ni debate los proyectos de ley y de acto legislativo que han sido presentados por el Gobierno. Y, aunque soy respetuoso de lo fallado al respecto por la Corte Constitucional -cuyas sentencias acato-, no concuerdo con todos sus argumentos al resolver sobre las normas relativas al proceso de paz.
Así ya que el Gobierno nos pregunta si apoyamos o no el proyecto de acuerdo convenido con las Farc -297 páginas farragosas y enredadas, que plasman muchos compromisos del Estado, pero muy pocos de la guerrilla-, como el documento no me convence y debemos votar por él en su conjunto, mi conciencia jurídica y la honestidad que me debe inspirar como ciudadano me impiden votar de modo afirmativo.
Si uno es honesto y coherente, no puede aprobar mediante el sufragio un documento que no comparte, o a cuyo respecto tiene reservas. Y tengo muchas sobre lo allí previsto: la impunidad para crímenes de lesa humanidad; la consagración de un sistema de justicia con participación de extranjeros que desplaza indefinida e intemporalmente a los órganos previstos en la Carta; la impropia adopción del acuerdo como parte del bloque de constitucionalidad; las curules a dedo, el engaño sobre secuestros y reclutamiento de menores, la reforma tributaria que se viene, entre otros puntos, no me convencen, y no puedo apoyarlos. Votaré No.
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