La consulta minera de Ibagué y el ejemplo que podría ser para el mundo (II)

Juan C Herrera

El futuro de la consulta minera está en manos de los jueces (C. de Estado y C. Constitucional). Ha sido suspendida bajo las reglas del juego democrático y los guardianes de la Constitución tienen la palabra. Sin embargo, en caso que el C. de Estado la prohíba, la C. Constitucional es la última instancia. En el fondo se trata de una buena noticia, en la medida que permitirá ampliar por unos meses el debate en relación con lo que insisto; es la decisión más importante de este inicio de siglo para nuestro territorio.

En un artículo publicado por Semana: 'La Corte Constitucional versus los empresarios'; se efectúa un ataque a favor de un sector muy fuerte (los empresarios) en contra de un sector en exceso débil (las comunidades indígenas, negras, campesinas y hasta de las mujeres). Se acusa a la Corte de ser causante del "desanimo empresarial", "activismo económico" y "carga ideológica" en la jurisprudencia que ha protegido el ambiente, los derechos de las minorías y últimamente los debates democráticos auspiciados por alcaldías.

El análisis cargado de levadura a favor del sector más fuerte, recuerda con bastante precisión los argumentos de la parte a la que defiende. Pero deja de lado las razones de fondo de la jurisprudencia. A cambio, afirma que se trata de una "estocada final contra la actividad minera", o de un "tufillo ideológico contra la inversión privada", entre otras. Es una lástima encontrar este tipo de parcialidades, en una revista que ejercía mejores controles sobre el poder.

El mensaje de fondo de la jurisprudencia no está enfocado en atacar a los empresarios ni al sector privado (también concierne al público). Flaco favor hace Semana al polarizar y sugerir tendenciosamente que la Corte está en contra del empresariado. Conforme al constitucionalismo contemporáneo, los tribunales constitucionales tienen el rol de ser un poder contramayoritario. ¿O quisieran una Corte como la venezolana? Lo que está en juego de fondo son, precisamente, los principios y valores del Estado Social de Derecho. Es decir, la posibilidad de defender los derechos de grupos pisoteados por las partes más fuertes. Pero, sobre todo, la necesidad de proteger el ambiente. La contaminación de agua o los suelos, así como la vocación agropecuaria y turística no son un problema menor.

En contraste, el sector extractivo es un problema mayor. Si la minería fuera el modelo a seguir, La Guajira debería ser el departamento más rico. Pero ha resultado en todo lo contrario. El caso de Ibagué es clave, porque se trata de un municipio con la posibilidad de generar un efecto dominó en el resto del país. Y eso tiene asustadas a las élites del 'frente nacional' y sus socios internacionales. Se trata de un "pueblo" (con población superior a la de la capital de Australia), que podría decir NO a una de las principales extractoras de oro del mundo. No obstante, con los resultados de 2016 en las urnas: Brexit, plebiscito por la paz y la elección de Trump. El modelo democrático entra en una etapa de revaluación muy alta.

@_esbirro

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