Matar a un ruiseñor II

Juan C Herrera

(Viene de la edición de ayer…) Para seguir con la línea argumentativa, la Corte Constitucional es la cenicienta de las ramas del poder y sus dos hermanas mayores (la del poder ejecutivo y la del legislativo) han intentado desarticularla en varias ocasiones. No obstante, como lo ha demostrado el lamentable caso Pretelt, el ataque más fuerte que se le puede hacer a una institución de estas características es en el aspecto humano. Sin importar que sean del sector conservador, liberal o republicano (de pensamiento), se requieren personas altamente calificadas y que sepan el oficio. Ante esta institución no se puede llegar a improvisar, aprender o a defender los intereses de ningún partido político. Proponer candidatos mediocres o que no estén preparados para el ejercicio de la magistratura es una jugada errónea y de doble filo. En la empresa del poder, los jueces son los “inspectores de calidad” del ordenamiento jurídico.

¿Pondría usted en su empresa un mal inspector de calidad? ¿Alguien que no sepa o qué no esté a la altura del oficio?

La Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia tienen el deber y la obligación de ternar a quienes determinarán la suerte de un legado de 25 años de ejemplar jurisprudencia y las bases de la normativa del “post-acuerdo”. Para ello, deberían proponer lo mejor y afortunadamente en las listas disponibles hay personas a la altura del reto. Al respecto, valga señalar que los constitucionalistas han identificado diferentes modelos y finalidades sobre cómo debe estar compuesta una Corte. En pocas palabras, apuntan a que los representantes de las corrientes descritas (conservadora, liberal y republicana) provengan de la academia, la rama judicial y del litigio.

En Alemania, por ejemplo, suele ser difícil asociarlos a un partido político y el doctorado es un requisito no escrito que más del 80% de los miembros actuales cumple. Además, hay una distribución razonable de género (9 hombres y 7 mujeres). En EUA, el proceso de elección pasa por serios exámenes ante el Senado y sin importar el partido o la filosofía de fondo, incluso los más conservadores proponen candidatos a la medida del cargo. Parece inverosímil, pero en las próximas semanas y meses se decidirá la vida de un ruiseñor y de paso la suerte de los derechos de quienes han sido protegidos por su canto.

(*) Ex funcionario de la Corte Constitucional de Colombia. Actual docente e investigador doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

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