La decisión del Consejo de Estado de impedir que el Gobierno venda su participación en Isagén fue el punto culminante de una semana en que surgieron por todas partes enemigos de esta enajenación, que el Gobierno considera necesaria para financiar adecuadamente la capitalización de su programa de concesiones de “cuarta generación” (4G). Para prevenir el posible problema que este Consejo aduce como justificación de las medidas cautelares, debería haberlo resuelto a tiempo para que el Gobierno pudiera tomar sus decisiones. Ya lleva más de dos años posponiendo una decisión tomada y perdiendo credibilidad.
En Colombia se otorga a todo el mundo el derecho de tratar de afectar decisiones del Gobierno acudiendo al sistema judicial. La forma como esto opera hace posible que cualquier transeúnte pare al gobierno sin recurso, como ha sucedido ahora. La lentitud como procede la justicia impide al Gobierno ejecutar e invade el campo de acción del ejecutivo. Esto no es conveniente, ni tampoco es práctico. Adicionalmente introduce un desequilibrio adicional pues da igual peso al Gobierno, que tiene que responder por sus acciones y omisiones, que a sus adversarios que no tienen que hacerlo y pueden estar demandando al gobierno en forma oportunista.
Hace falta un mecanismo expedito excepcional para tramitar rápidamente ante el Consejo de Estado lo que el alto gobierno considere que debe ser resuelto con urgencia para llevar a cabo sus políticas prioritarias. Es la manera de conciliar el derecho de los ciudadanos a demandar y el derecho del Gobierno a gobernar sin interferencias injustificadas o inoportunas. Mientras tanto, lo mínimo que debe solicitarle el ejecutivo al Consejo de Estado es que ya que creó el lío, lo resuelva cuanto antes.
En Colombia todos quieren tomar o impedir las decisiones que le corresponden al Gobierno. En el Congreso tuvo que afrontar el ministro de Hacienda una feroz oposición de miembros de todos los partidos. Insisten en impedir la venta de las acciones de Isagén porque no les gusta la privatización. Ninguno ellos tiene en cuenta los argumentos técnicos del Gobierno ni la necesidad real de recursos de capital para llevar a cabo los proyectos de inversión que son indispensables y ampliamente acogidos.
Para no dar la impresión de que no les interesan las concesiones viales los parlamentarios proponen otras fórmulas, muchas de ellas sin sentido: Por ejemplo, que otra entidad estatal compre a Isagén, que Fogafín emita bonos, o que financie el Banco de la República. La Contraloría acude a fórmulas de servilleta para desestimar los avalúos técnicos del Gobierno. Ninguna de estas propuestas va a hacer carrera. Lo importante es atravesarse e impedir el progreso, como lo hacen de oficio el Contralor y el Procurador.
En 2018, cuando en Antioquia se quejen de que ninguna de las “Autopistas de la Prosperidad” haya sido construida, el gobernador Alonso Salazar podrá decir que fue por culpa de los que se opusieron a la venta de Isagén: Horacio Serpa, Sofía Gaviria y el Partido Liberal, Iván Duque y el Centro Democrático Alternativo, Robledo y el Polo, los Verdes, el Procurador, el Contralor…. y el Consejo de Estado.
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