Desde hace más de un año, los más destacados economistas del país han venido insistiendo sobre la necesidad y la urgencia de reformar el ‘régimen tributario colombiano para aumentar el recaudo, mejorar su eficiencia, simplificar el sistema tributario y hacerlo más progresivo’.
Sobre este último punto ha causado un gran impacto el estudio de Facundo Alverado y Juliana Londoño, que encuentra que el 20% del ingreso total lo recibe el 1% de los contribuyentes, los más ricos; y que, entre ellos, los de mayores ingresos tienen las menores tasas efectivas de tributación. No llegan a 5% de sus ingresos brutos.
Como reacción a esta situación, los economistas que han estado presionando para que se haga una reforma tributaria estructural han insistido en que se les imponga un impuesto a los dividendos para hacer más progresiva la estructura tributaria. En otros países, México o Chile, por ejemplo, esa medida no produjo el mayor caudal de ingresos esperado ni indujo cambios importantes en la progresividad.
Además, el impuesto es fácilmente eludible. Sin embargo, la reforma viene con una propuesta de impuesto a los dividendos, pero solamente aplica si los reciben individuos o empresas del exterior, con lo que probablemente se hace más regresivo el impuesto de renta.
Como eleva el costo de capital de las empresas y reduce su valor de mercado, es válido preguntar qué utilidad práctica o beneficio social tiene este impuesto que tampoco trae consigo una reducción por lo menos equivalente de los impuestos corporativos.
Si se quiere afectar la carga tributaria de los más ricos y hacer progresivo el impuesto efectivo, hay que limitar las exenciones y deducciones en forma progresiva. Es encomiable que para que se apruebe esta reforma el Gobierno haya asumido el riesgo de crear otro problema y otra controversia política en un momento que exige mucho respaldo público y, sobre todo, popular, para no dejar enredar la paz.
Pero lo que no se entiende es que lo hayan hecho para recaudar tan pocos recursos en relación con la magnitud del hueco fiscal; y que el lenguaje y la técnica jurídica del proyecto de reforma no hayan facilitado el acceso y comprensión del contenido por el contribuyente promedio y, sobre todo, el congresista promedio que para poder votar responsablemente tendrá que hacer un ejercicio titánico de comprensión de lectura.
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