¿Paz ambiental?

Se evidencia esta conflictividad socioambiental cuando se enfrentan visiones de desarrollo económico. Por un lado, quienes ven los recursos naturales y especialmente los minero-energéticos como una opción clave para la generación de riquezas y por el otro, las comunidades de los territorios que quieren conservar su riqueza natural, enarbolando banderas como que el agua para los tolimenses es más importante que el oro o el petróleo para las multinacionales.

La discusión no es de poca monta puesto que el Gobierno nacional está interesado en que en la más profunda crisis económica que se ha vivido en los últimos cien años, se pueda reactivar un sector económico como la minería. Hacen cálculos matemáticos y las cifras son fantásticas desde el punto de vista de los ingresos para el país.

En este contexto emergen las tensiones. Las comunidades sienten que se les quiere imponer este tipo de proyectos porque a las empresas y el gobierno lo que les interesa es una lógica economicista que privilegia el crecimiento como paradigma del desarrollo. Con esta visión, ven a las comunidades de los territorios como atrasadas, opuestas al progreso y enemigas del mejoramiento de la economía de la región.

Los conflictos socioambientales están presentes en el departamento del Tolima. Se originan en los proyectos hidroeléctricos, en los mineros a gran escala en exploración y explotación. También en los títulos mineros vigentes y en las solicitudes de nuevos, hasta llegar a los bloques proyectados para exploración y potencial explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) que abarcan más de 374.000 hectáreas en el departamento.

Un conflicto que se pondrá a la orden del día es el referido a la suscripción del contrato de adjudicación del Bloque Petrolero VSM 25 a nombre de Parex Resources Colombia Ltda, en el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos le asigna un área de 27.608 hectáreas en las goteras de Ibagué. Esta determinación afectaría el acuífero de Ibagué, la zona arrocera, el proyecto de horticultura con aguas residuales del que se habló tanto en el gobierno del anterior Alcalde y la expansión agroindustrial de la región.

Lo mencionado anteriormente pone de presente que el Tolima por su riqueza natural y su ubicación es una fuente importante y potencial de extracción de recursos naturales especialmente para empresas extranjeras que buscan obtener las mayores utilidades. Como menciona un estudio de la Universidad del Tolima sobre conflictos ambientales: “…de esta manera, buena parte de las áreas protegidas, resguardos indígenas, acuíferos y cuerpos de agua (humedales y lagunas) se encuentran amenazados por la potencial implementación de proyectos mineros, de explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico (fracking), hidroeléctricas, cultivos de palma y Zidres, las cuales son de gran impacto ecológico y social”.

Estos conflictos socioambientales crispan el ambiente y generan una respuesta ciudadana  manifestada a través de movilizaciones como las Marchas Carnaval, las consultas populares, cabildos abiertos, acciones jurídicas (tutelas y acciones populares) y la promulgación de acuerdos municipales que buscan restringir la implementación de proyectos mineros a gran escala en los municipios.

 Se debe propiciar esta participación ciudadana, promover los diálogos multiactores y concertar salidas reivindicando la defensa del territorio como elemento fundamental. Primero está la defensa de la vida que los intereses de las grandes empresas. El desafío es la armonización del cuidado de la casa con la administración de esta como lo expresa la encíclica papal Laudato Si.

Cuidemos la casa común para preservar la convivencia y la paz.