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Se debe recordar que el documento firmado fue el producto de la renegociación que se dio con los promotores del NO que se habían impuesto en el plebiscito del 2 de octubre de ese mismo año. Desde esa época hasta el momento presente han pasado muchas cosas que vale la pena analizar, especialmente ahora que se hace un balance de todo este periodo.
Hay que decir que el Acuerdo produjo una sensación de esperanza y optimismo en las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto armado. No era poca cosa que se hubieran desmovilizado más de 12.000 hombres en armas que en el contexto de la confrontación causaron dolor, desplazamiento y muchos hechos victimizantes en su confrontación con los grupos paramilitares y la fuerza pública.
El hecho de que esta guerrilla se transformara en partido político y se comprometiera a no usar las armas para ejercer su actividad política, era una ganancia innegable de este proceso. Esto redundó en una disminución de la violencia y la reducción de las muertes violentas originadas por el conflicto armado con este actor armado. Fue tan notorio este hecho que el hospital militar, luego de la firma, no volvió a tener ese número importante de soldados mutilados por efecto de esta confrontación.
Este primer momento de la implementación se complejizó cuando el partido que había liderado la campaña del No en el plebiscito y que había anunciado hacer trizas la paz llegó al gobierno. Desde ese momento se empezó a sentir un ambiente distinto frente al cumplimiento de los acuerdos. Desde el ejecutivo se obstinaron en torpedear la Jurisdicción Especial de Paz JEP mediante la objeción a su ley estatutaria y se hizo sentir un freno a toda la dinámica que se traía. La intención de obstaculizar la JEP no desaparece y persiste el interés de acabarla a pesar de que desde la comunidad internacional se apoya su trabajo y sus resultados.
Otro hecho clave y negativo en este proceso tuvo que ver con el abandono de parte de un sector de exguerrilleros del proceso de paz por las acusaciones de narcotráfico a Jesús Santrich. Alegando que se había cometido perfidia en contra del interés de aclimatar la convivencia en el país, se marginaron Iván Márquez y otros comandantes, creando la disidencia de las Farc. Sin duda un error mayúsculo que fortalece las posturas guerreristas de quienes están interesados en resucitar este grupo para hacer seguir cabalgando sobre el miedo a los colombianos.
Hay cosas que no despegaron como la circunscripción especial de paz que le daría la oportunidad de la participación política a las víctimas. Los partidos políticos mayoritarios en el Congreso cerraron filas y estigmatizándola como “curules para las Farc”, hundieron en repetidas ocasiones esta iniciativa.
Lo más preocupante en estos 4 años ha sido el aumento pavoroso y dramático del asesinato de líderes y excombatientes sobre los cuales no hay mayor esclarecimiento. Es cierto que estos ocurren en territorios con presencia de cultivos ilícitos, pero es deber del Estado hacer presencia en todo el territorio nacional y garantizar la vida de todos los ciudadanos. Los innumerables consejos de seguridad y los pronunciamientos casi mecánicos de las autoridades no logran frenar este fenómeno.
A lo anterior y especialmente durante este año se le viene a sumar una espantosa ola de masacres en muchas regiones. A pesar del interés de llamarlas eufemísticamente como “homicidios colectivos”, éstas siguen presentándose de una manera continua generando terror en los territorios.
Son cuatro años del acuerdo de paz más ambicioso de la historia del país y así a algunos no les guste, es preferible una paz imperfecta que una guerra fratricida perfecta. Debemos mantener la esperanza en la posibilidad del perdón, la reconciliación y la convivencia entre los colombianos.
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