Glifosato

Existe una canción que pinta bien esta situación, se llama ‘A quien engañas abuelo’, interpretada por el dueto Silva y Villalba. Habla de los caudillos o políticos “que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”. Esta historia viene a colación ahora que el presidente Duque quiere “acabar” la coca con la fumigación con glifosato, a como dé lugar.

Atrás quedaron sus promesas de campaña, registradas en múltiples videos y notas escritas de prensa. Ante las preguntas sobre si una vez elegido fumigaría con glifosato, el Duque candidato, contestaba con firmeza y sin trastabillar en muchos auditorios, que no lo haría por los impactos sobre la salud y el ambiente. Otra cosa es lo que el Duque presidente ha promovido y quiere implementar: erradicar la coca sin miramientos, a través de la aspersión con este agroquímico que ahora, de repente es inocuo para las personas y la naturaleza.

La revista Semana se solazaba con una noticia donde informaba que el Departamento de Estado había respaldado la lucha antidrogas de Duque basada en la fumigación con glifosato. Según este medio (hoy cuestionado por sus posturas políticas): “El Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de marzo de 2021, respalda la lucha antidrogas de Colombia y defiende una de las principales estrategias de Duque para frenar los cultivos de coca en el país: la aspersión aérea con glifosato, suspendida en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

Para el gobierno actual el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- no es y seguramente no será su opción. Seguramente no comulga con los principios definidos en el Decreto 896 del 29 de mayo de 2017 que lo constituyó. No le gusta que el PNIS sea un componente de la reforma rural integral. Tampoco que haya una concertación con las comunidades para que estas abandonen el cultivo. Le debe parecer demasiado exigente y complejo que el programa reconozca las necesidades económicas, culturales y sociales de los territorios y comunidades rurales, además de garantizar la sostenibilidad socioambiental, entre otros.

Esta obcecada postura política de no concertar con las comunidades cocaleras y, por el contrario, fumigar con glifosato, deja entrever la exacerbación de la conflictividad en los territorios donde se siembra este cultivo. Es bueno que recordemos las gigantescas marchas que se presentaron en 1996, en el gobierno de Samper en contra de la fumigación. En el mes de julio de ese año, miles de campesinos cultivadores de coca, caminando durante muchas horas por caminos de herradura o navegando por caudalosos ríos, se concentraron en varios municipios de Putumayo, exigiendo al gobierno nacional inversión social, suspensión de las fumigaciones con glifosato, su voluntad de sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas para la producción y comercialización agropecuaria.

Estas marchas duraron varios meses, paralizando las actividades comerciales y la producción petrolera, se presentaron múltiples enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos, dejando un número indeterminado de víctimas que aún la historia no logra cuantificar con certeza.

Hoy la situación parece calcada. Colombia sigue siendo el primer productor de coca del mundo. El país le sigue dando la espalda a los territorios cocaleros y desconoce la voz de los habitantes del campo, miles de familias están en contra de que las envenenen con glifosato y la “mata que mata” sigue siendo la opción básica para garantizar el sustento económico de los hogares.

Existen marchas convocadas para el 18 de marzo en el Pacífico nariñense contra el uso del glifosato. Su finalidad es rechazar la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Sigue siendo la misma realidad que un campesino expresaba en las marchas de 1996: “aquí la coca ha sido ministerio de educación, de salud, de agricultura. En pocas palabras la mata de coca aquí ha sido el estado”.