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Concentramos la mirada en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Antioquia. Por supuesto nadie discute que en esas regiones desde el 2018 la violencia se ha exacerbado. Las cifras de amenazas, asesinatos, masacres y enfrentamientos armados son superlativas comparadas con otras regiones.
Desde la firma de los acuerdos de paz, todos los analistas coincidían que en todo proceso de esta naturaleza quedan residuos o grupos que no están de acuerdo con las decisiones tomadas y menos aún con la entrega de armas. El desafío para el estado se centraba básicamente en dos elementos: 1) el cumplimiento de lo firmado para garantizar que estos grupos efectivamente se reincorporaran adecuadamente a la vida civil, y, 2) garantizar la presencia del estado en esos territorios alejados y abandonados históricamente.
Sobre el cumplimiento de los acuerdos hay grandes lunares: 1) No se crearon las circunscripciones especiales de paz para las víctimas que pretendían dar voz a este sector azotado por la violencia y que no ha tenido oportunidad de llegar jamás al congreso de la república, 2) La desfinanciación de muchos aspectos contemplados en la reforma rural integral, 3) la feroz arremetida del partido de gobierno y otros sectores de derecha contra la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, 4) el freno al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNI- y por el contrario el interés del gobierno de fumigar con glifosato, 5) el asesinato de más de 250 excombatientes de las Farc que le apostaron a la reincorporación a la vida civil, entre otros.
La presencia del estado en los territorios ha sido un reclamo histórico de las comunidades que los habitan pero la situación luego de la firma no se modificó. En muchos espacios de nuestra geografía el estado no aparece. Ante este vacío era perfectamente predecible que otros grupos ocuparan estos espacios. Lo vemos en las regiones que anteriormente eran del dominio militar de la exguerrilla de las Farc. En varios sitios se ve el copamiento que han hecho el Eln, los grupos paramilitares y las disidencias. Allí el estado cuando está presente lo hace con la fuerza pública y no aparece con lo que demandan las comunidades alrededor de servicios de salud, educación, asistencia técnica, crédito agropecuario, mejoramiento de vías, entre otros.
El problema de seguridad originado por el accionar violento de los grupos armados irregulares se ha vuelto nuevamente un dolor de cabeza. Lo que creíamos superado en términos de acciones violentas y delirantes está de regreso, no es sino recordar el reciente carrobomba que estalló en Corinto en el departamento del Cauca, dejando más de medio centenar de heridos.
Ahora está situación vuelve a ser una amenaza en el Tolima. A pesar de las voces de las autoridades departamentales que afirman con vehemencia la inexistencia de grupos irregulares y disidencias de las Farc, los hechos que empieza a registrar la prensa indican lo contrario. Según el Nuevo Día del lunes 4 de abril: “En las últimas horas un hombre fue asesinado en la vereda Berlín, zona rural del municipio de Ataco. Los responsables del hecho serían miembros de la estructura criminal Ismael Ruiz, disidencias de las Farc”.
Este hecho se viene a sumar a una serie de comentarios que se escuchan alrededor de la presencia de grupos armados en el sur del Tolima. La misma prensa regional ha informado de capturas de integrantes de las disidencias de las Farc que tienen el propósito de revivir las estructuras tristemente célebres en nuestro departamento.
Consolidar la seguridad y afianzar una paz estable y duradera sigue siendo el reto en nuestra región. Llevar no solamente fuerza pública sino un estado social a las regiones olvidadas es el camino. La paz se construye con un desarrollo incluyente que trabaje en la superación de las desigualdades y del marginamiento histórico del campo.
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