Duele Colombia

En Colombia tenemos la sociedad del horror y el espanto. Cada vez somos testigos de hechos pavorosos, escalofriantes que afectan especialmente a poblaciones vulnerables y a los niños. Suceden ante los ojos de toda la ciudadanía que se ha familiarizado con ello como si fuera normal en un país donde está prohibida la pena de muerte.

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Para ilustrar lo afirmado me voy a referir a dos casos recientes. El primero relacionado con el bombardeo al Eln realizado por las fuerzas militares en el departamento del Chocó, donde murieron cuatro menores de edad, incluyendo un niño de 13 años. Se buscaba, como se señaló en la prensa, dar de baja a uno de los principales cabecillas de este grupo guerrillero por el cual se autorizó una de las operaciones más grandes contra esta organización subversiva, sin embargo, cayeron bajo las bombas los menores referidos, víctimas de reclutamiento forzado.

El bombardeo fue defendido por el presidente Duque como algo necesario por tener un blanco legítimo, mientras para otros sectores fue una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, que brinda protección al niño y a la niña en situación de conflicto armado.

Esto no es tenido en cuenta por el gobierno pues según la concepción del ministro de Defensa, bombardear campamentos con presencia de niños es válido porque ellos se convertirán en “máquinas de guerra” que es mejor neutralizar antes de que se vuelvan una amenaza. Pavorosa interpretación justificando lo injustificable y olvidando que en la Colombia profunda los grupos armados reclutan a la fuerza menores de edad.

El segundo caso es igualmente espeluznante. Sucedió en Tibú, Norte de Santander, una de las regiones más militarizadas del país por la presencia abrumadora de cultivos de uso ilícito. Dos menores de edad, uno de ellos de 12 años habían cometido un robo en una tienda por lo cual parece que sorprendidos en flagrancia fueron capturados por el dueño y otras personas.

Los niños son amarrados de sus manos y luego sometidos al escarnio de hacerles un video donde se les señala como ladrones. Posteriormente, en medio de una muchedumbre curiosa, aparece un hombre que a la fuerza logra que se los entreguen y de una manera desafiante le dice a la gente que pueden hacer tomas para subirlos a las redes, los niños al parecer nunca fueron entregados a las autoridades y aparecen acribillados posteriormente al borde de una carretera.

Si como se señala en este caso, los niños fueron entregados a los paramilitares, ¿Qué hace la numerosa fuerza pública de la región? ¿Dónde queda la promesa del presidente de devolver la seguridad a ese territorio? ¿la violencia paramilitar que se sigue consolidando en algunas zonas del país se volvió costumbre? ¿Por qué esto no se ha vuelto un escándalo nacional y por el contrario hay sectores que prefieren callar y mirar hacia otros lados? ¿Qué hacen las instituciones que deben proteger a los menores como el ICBF?¿Hasta dónde llega la indolencia nuestra cuando ya se viene normalizando el asesinato de los niños?

La ejecución cobarde de estos niños debería dolerle a todo el país. No podemos seguir tranquilos con este nivel de descomposición social y moral. En un sistema que vomita miseria mayor aún luego de la crisis desatada por la pandemia, con seguridad se van a seguir presentando hechos delincuenciales que involucran a los menores de edad.

La solución no puede ser el aniquilamiento físico de estos infractores, sino el fortalecimiento de unas políticas socioeconómicas que incluyan a los sectores excluidos y mejoren su calidad de vida. Los niños deberían estar en las instituciones educativas forjando su futuro con una formación pertinente.

Duele Colombia cuando por un delito menor unos niños son masacrados delante de una ciudadanía indolente, cómplice y una fuerza pública que no cumple su función de proteger la vida, mientras que los grandes ladrones de cuello blanco se regodean en sus mansiones cumpliendo sus penas mientras se preparan para dar el siguiente asalto.

 

HUGO RINCÓN GONZÁLEZ

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