Ambiente y participación

Con la firma del acuerdo de paz hace 5 años, se preveía la emergencia de múltiples conflictividades en los territorios, ocultas por el fragor de la confrontación y acalladas por la amenaza y actuar violento de los actores armados irregulares. Sin la presencia de estos grupos, los conflictos reprimidos, especialmente los mineros, han brotado por todos los puntos cardinales de la geografía nacional. En muchas zonas la búsqueda de oro, plata, platino, cobre, arenas y gravas genera una confrontación entre las empresas interesadas en su exploración y explotación, y las comunidades locales, muchas de ellas étnicas y afrodescendientes, caracterizadas defensoras de los recursos naturales, especialmente el agua y suelo.
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La semana anterior esta conflictividad se evidenció y se manifestó en el municipio de Falan en el norte del departamento del Tolima. Ante el interés de empresas mineras multinacionales de explorar cerca de 16 mil hectáreas en la zona norte buscando valiosos minerales, la comunidad expresó su inconformidad y reclamó garantías para la participación ciudadana en los proyectos mineros.

Les preocupa a las organizaciones sociales de este sector el gran número de propuestas de contratos de concesión para el desarrollo de procesos exploratorios, como antesala de las dinámicas de explotación que más adelante se pueden presentar.

Debemos recordar el interés y la experiencia en el departamento por parte de las organizaciones sociales y ambientalistas por exigir la participación ciudadana especialmente luego de las consultas populares de los municipios de Cajamarca y Piedras.

La gente debe tener prelación en la definición del destino colectivo de sus territorios y no las empresas foráneas con intereses netamente económicos. Con el sofisma de producir conservando, muchos proyectos mineros quieren desarrollar las explotaciones aún en zonas de una enorme riqueza ecosistémica, amenazando la biodiversidad y las comunidades asentadas en esos sitios.

Esta visión contrapuesta entre empresas y comunidades fue evidente la semana anterior en Falan con la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Ante el interés de varias empresas mineras por explorar las 16 mil hectáreas referidas, la comunidad manifestó de una manera vehemente su postura frente a los procesos extractivos que deberían prohibirse y la exigencia de una normatividad que brinde verdaderos espacios de participación donde se pueda expresar con libertad las posiciones de las comunidades de los territorios.

No es suficiente que se convoquen a audiencias solamente para informar sobre los proyectos, sino que se requiere una real participación donde se tenga en cuenta las aspiraciones de la gente.

En este contexto es importante el papel de los procesos de ordenamiento territorial. Muchos municipios siguen rezagados en sus procesos de revisión y ajuste que deberían tener culminados hace mucho tiempo. Si se promueven estas dinámicas de ordenamiento con una efectiva participación de los actores del territorio, dónde ellos manifiesten sus intereses y aspiraciones, estaríamos avanzando significativamente en la prevención de múltiples conflictividades que hoy surgen.

Recordaba a un campesino que en un ejercicio participativo de ordenamiento manifestaba: “si uno vive tranquilo en su casa con el orden propio que se le ha dado, usted no puede venir a decir que el baño debe estar donde está la cocina, y, cambiar todo a su manera particular de ver las cosas, porque el que vive en la casa soy yo”.

Esa reflexión sencilla sirve para entender lo que pasa con las propuestas que desde afuera de los territorios llegan para modificar un ordenamiento existente, se debe tener en cuenta que, en la relación positiva e íntima entre territorio y ambiente, la clave está en la participación ciudadana desde sus organizaciones y comunidades.

No se debe tener miedo a la participación, la democracia que se debe construir, se debe hacer con la gente y para la gente.

 

HUGO RINCÓN GONZÁLEZ

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