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Las cifras son delirantes. Se habla de más de 23 muertos, de miles de desplazados y de amenazas a las comunidades que impiden que las personas salgan de sus casas, pues según reportan, hay actores armados rondando para seguir con su labor de asesinar. Esto configura sin duda una crisis humanitaria en un territorio donde a pesar de la gran presencia de fuerza pública, los grupos armados irregulares que se disputan el territorio por el narcotráfico siguen imponiendo su ley. Como señalaba un experto, todo un polvorín, si tenemos en cuenta que es una zona limítrofe con la frontera venezolana donde cualquier hecho podría desembocar en una confrontación bélica con el país vecino.
Esto que sucede en Arauca es una evidencia de la enorme dificultad que afronta el país en el tema de seguridad. Venimos de un año 2021 donde se presentaron 94 masacres y estamos iniciando este 2022 con más asesinatos de líderes, confrontaciones armadas de grupos irregulares sin control que generan desplazamientos de comunidades campesinas como en los momentos más aciagos de la guerra entre el gobierno y las Farc. Una obligación del estado es garantizar la vida de todos los ciudadanos y lo que viene ocurriendo pone de presente el incumplimiento de este propósito por parte de quienes tienen esta responsabilidad. El mandato del presidente Duque seguramente pasará a la historia como el que desaprovechó la oportunidad de consolidar una paz estable y duradera.
Con motivo de la celebración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó que los políticos no mencionan la paz por que no da votos, prefieren hablar de otros temas y evitan este que sigue siendo un aspecto polarizador. Sin embargo, en esta campaña presidencial que se inicia, los candidatos deben explicitar si se comprometen a la implementación de los acuerdos o si van a perseverar en hacer trizas los mismos.
El tema de la violencia desbordada y la agudización de la confrontación armada con los grupos irregulares, vuelve a poner en la agenda el tema de la paz. Se debería dar un relanzamiento de los acuerdos de paz, avanzar en el cumplimiento de los mismos, volver a ventilarlos en los medios masivos de comunicación, desarrollar estrategias comunicativas que pongan de presente su pertinencia para avanzar en la construcción de condiciones de convivencia y reconciliación.
El nuevo gobierno que se elija este año deberá abrir las posibilidades de negociación con el Eln que desafortunadamente viene fortaleciéndose en territorios donde antes estuvo las Farc. También aplicar una política de sometimiento a la justicia de los grupos irregulares relacionados con el narcotráfico para desarmar y desmovilizar un poderoso factor desestabilizador del orden público.
En el relanzamiento de la paz se debe dar un papel preponderante al Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales que deben crearse en todos los municipios del país. Estos deberían ser instancias fundamentales donde se construyan agendas ciudadanas para la implementación de los acuerdos. A través de ellos se debe promocionar la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto.
2022 despunta con grandes desafíos para el país, se esperan grandes cambios políticos, ojalá una gran renovación en el Congreso de la República, se estrenan las curules de paz que se espera queden en manos de las verdaderas víctimas y no en familiares de los victimarios. El nuevo año tiene que ser el año del relanzamiento de la paz.
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