A finales del mes pasado se publicó la lista ‘Doing Business’, en la que Colombia baja dos escalafones. La lista señala como uno de los puntos más oscuros para el país la imposibilidad de ejecutar los contratos en tiempos razonables: En tanto que en Singapur se demora la ejecución de un contrato 100 días, en Colombia se toma 1280 días.
Lo anterior viene a ‘complementar’ la reciente noticia de que algunas delitos en el caso de Interbolsa pueden prescribir, por falta de acción estatal. Lo grave de este asunto es que la razón de esta demora es sistémica. Suena a frase de cajón, y lo es, pero no por ello deja de ser cierta: el problema está en el sistema judicial.
Miremos el asunto. Mientras que un juez o fiscal en otros países similares al nuestro tiene 100 procesos, los nuestros tienen cerca de 600. La carga laboral es tan devastadora que a veces pareciera ser mejor no empezar a trabajar, para no morir en el intento. Todas las reformas y modificaciones concebidas hasta ahora (sistemas orales, menos audiencias, más jueces...) parecieran estar destinadas al fracaso, pues la realidad ha superado –por mucho— las previsiones legales.
Por ejemplo, desde que se implementó el Sistema Acusatorio (1 de enero de 2005), los juzgados y fiscalías han estado cerrados un poco más de un año, por cuenta de los paros que han adelantado, cosa que nadie nunca contempló, pero que sí ha afectado de forma grave la prestación del servicio de justicia. Mientras escribo estas líneas, se cierne una nueva amenaza de paro judicial, por cuenta de las cuentas; mejor dicho, porque falta dinero para mantener unos cargos en la rama judicial.
Acá está el meollo del asunto: pareciera ser que los aumentos, sostenidos y reiterados en el presupuesto destinado a la administración de justicia, no son suficientes. No hay suficientes investigadores –el ideal es de dos investigadores por cada fiscal, pero en Colombia se tiene un investigador por cada 3 ó 4 fiscales—, no hay insumos, casi nunca se tienen los recursos físicos y de infraestructura para atender la demanda de justicia, que ha crecido un 300% en los últimos 20 años, mientras que la planta y recursos de la misma solo ha crecido en un 23%.
El problema no es simplemente numérico. Hay una clara correlación entre la ausencia de justicia y la violencia, pues si el ciudadano no encuentra una pronta y adecuada respuesta institucional, lo más seguro es que acuda a justicia por mano propia para resolver la disputa. El reto del país no es fácil y se va perdiendo la lucha.
La Fiscalía anunció que, en mitad de octubre, se secó la cuenta destinada a los viajes de los funcionarios. El asunto no es menor, ya que además de enviar el mensaje equivocado a los inversionistas, quienes tardan años en ejecutar un contrato, le estamos diciendo al mundo que no hemos combatido, de forma eficiente, la causa más profunda de generación de violencia: la injusticia.
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