Inconveniente privatización

Indalecio Dangond

En todos los países del mundo, cuando se inicia un proceso de producción, transformación y comercialización de productos vegetales o animales, en frescos o procesados, siempre nos topamos con una serie de requisitos que exigen las autoridades sanitarias en cumplimiento de la función del Estado, como protector de la salud pública de su población.
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Al exportar productos frescos a Estados Unidos, por ejemplo, la primera autoridad de control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service, -APHIS- del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA- y las diferentes agencias gubernamentales conformadas por la APHIS, FSIS, FGIS y la AMS, encargadas de realizar la inspección en los puertos y aeropuertos de ingreso.

En los demás países del mundo ocurre lo mismo. En España, por ejemplo, las competencias en sanidad vegetal y animal recaen en la subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal; en Perú y Argentina, tienen el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Senasa-; en Ecuador está Agrocalidad y en Brasil, la Secretaría de Defensa Agropecuaria.

En Colombia, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, una entidad que ha sido fuertemente cuestionada por la ineficiencia en la prestación de sus servicios y del manejo de sus recursos.

En un reciente informe, la Contraloría General de la República, no feneció su cuenta y detectó 68 hallazgos de tipo administrativo, fiscales y disciplinarios. Por su parte, el ministerio de Hacienda, a través de su sistema SIIF, encontró que sólo había recaudado un 24% del presupuesto de los ingresos estimados en $63.913 millones para este año y ejecutado menos del 20% del presupuesto de sus obligaciones en el primer semestre del 2020. En otras épocas, estos resultados exigían la renuncia irrevocable del director y su junta directiva.

Claramente, aquí hay unos problemas gravísimos de administración y dirección de la entidad que los mismos responsables pretenden enmendar a través de un “Acuerdo” que terceriza el manejo de los principales servicios de la entidad. Según un cálculo de un exfuncionario del ICA, este “baloto” le puede dejar a esas empresas y gremios beneficiados, ingresos que superan los $ 28.000 millones anuales, más $130.000 millones que recibirían del presupuesto de funcionamiento e inversión del ICA, para la contratación del personal y oficinas, que se requieren para ejecutar esos servicios.

¿Se imaginan lo que puede ocurrir si el gobierno le entrega a unos particulares el control, inspección, vigilancia de los productos agropecuarios que ingresan y salen por los aeropuertos, puertos y zonas fronterizas del país? Y ni que hablar de lo que pueda suceder con los controles de sanidad animal y vegetal, el registro y regulación de los plaguicidas y fertilizantes químicos y orgánicos de uso agrícola, los laboratorios y los certificados de BPA. Y lo más grave, la información confidencial de más de 3 millones de productores del campo quedaría en manos de unos particulares. ¡Qué peligro!

Me uno a las voces del Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Congresistas y del propio Ministro de Agricultura, en el sentido de que, al ICA, en vez de privatizarlo, hay que fortalecerlo con equipos modernos,  sistematización de procesos y profesionales idóneos.

INDALECIO DANGOND

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