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No se cuenta con un momento para agregar mayor incertidumbre a la crisis generada por la pandemia con hechos nuevos de crisis política que se originaría con una revocatoria, que implica sumarle una campaña política paralela a la propia, de la elección de nuevos congresistas y mandatarios de las entidades territoriales.
El cumplimento de la Ley 1757 de 2015, sobre revocatoria sólo se ha logrado en un municipio, el Taco en Boyacá.
¿Acaso en tan importante entrar en este ranking? ¿Es tan grande la insatisfacción en el cumplimiento del programa de gobierno y del plan de desarrollo de Ibagué? ¿Queremos pasar a la historia por hechos como este? Yo creo que no, y se debe tener en cuenta que las circunstancias de la pandemia ha cambiado la ruta y las prioridades de todos los mandatarios, incluso del orden central. Sin embargo, aquí se viene avanzando y se han realizado ajustes al gabinete, para la mejora requerida.
Además, en el tiempo transcurrido, ya se ha sabido interpretar y conocer la administración para avanzar con paso firme. Cada vez que inicia un nuevo mandato, hay que dar tiempo a la apropiación del cargo, no es tiempo de volver a empezar.
Queda a discreción de los ibaguereños la rendición de cuentas que acaba de presentar nuestro alcalde Hurtado, para que con base en esta información, una vez más se piense sobre los efectos negativos de una revocatoria en las actuales circunstancias.
Ya lo dije en otra columna publicada el primero de febrero del año en curso y lo ratifico ahora, retomando apartes de la misma. El tema de las revocatorias ha ocupado a un buen número de medios de comunicación porque están en marcha 28 peticiones de revocatoria en el país; columnistas, han llegado a la conclusión de que las revocatorias hasta ahora han sido inútiles, en el deseo de mejorar el desempeño de los mandatarios en las entidades territoriales. Es un mandato constitucional difícil de cumplir.
Si se tratara del alto costo que implica el proceso de inscripción, de los actos de votación y la entrega de los resultados, la cifra de 200 mil millones de pesos calculada, es un gasto injustificable y exabrupto en una época de crisis humanitaria que ha comprometido la economía de miles de colombianos en todos los rincones del país.
¿Se justifica entonces desestabilizar la experiencia ganada en la administración municipal y entrar nuevamente a elecciones? Yo digo: ¡No a la revocatoria!
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