La corrupción es el mayor mal que puede padecer una sociedad. Miles de millones de pesos en Colombia se van a la corrupción. Al decir de economistas que la han estudiado, entre el 30 y el 40 por ciento de lo destinado a los servicios básicos, que por derechos corresponden al bienestar de los ciudadanos, se pierden en corrupción.
No es fácil definir la corrupción; la más breve y precisa data de 1997: “Es el abuso del poder público en beneficio privado”. En la mayoría de los casos la corrupción se refiere a la utilización de cargos públicos para beneficio privado, donde un funcionario, encargado de llevar a cabo una tarea para beneficio público, se dedica a algún hecho delictivo con el fin de enriquecerse y no puede ser controlado por los beneficiarios a quienes estaba destinado el servicio.
El corrupto atenta contra los derechos humanos, en especial contra los grupos más vulnerables. La evidencia sugiere que el acceso a los servicios básicos tales como salud, educación y acceso a la justicia pueden verse obstaculizados por actos de corrupción.
Particularmente los grupos económicamente más vulnerables son las que se podrán privar del acceso a los servicios básicos debido a su incapacidad para pagar sobornos, que a su vez pueden conducir a la violación de una serie de derechos sociales y económicos, incluidos los derechos a salud, educación, alimentación, vivienda y agua. Estos derechos pueden ser afectados también por malversación de fondos destinados a programas sociales.
Un estudio realizado en 2000 por los economistas Sanjeev Gupta, Hamid, Hamid Davoodi y Erwin Tiongson para el Fondo Monetario Internacional demostró que la corrupción de funcionarios públicos y privados aumenta la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer. El estudio se llevó a cabo en 62 países. Se compararon países con bajo nivel de corrupción y aquellos, como Colombia, con un alto nivel de corrupción en relación a la mortalidad infantil. Resultado: los niños muertos antes de cumplir el año de vida por mil nacidos vivos fueron 59 veces menos en los países no corruptos.
Un estudio (Gray-Molina, Pérez de Rada y Yánez) demostró que la corrupción en salud incrementa el costo de los servicios hospitalarios y disminuye la oportunidad y calidad de los servicios. La percepción de médicos, enfermeras y pacientes es que la corrupción es alta. La adquisición de medicamentos y equipos es uno de los caminos para la corrupción.
Los estudios anteriores y la percepción de la corrupción por la población hacen que la confianza en las instituciones disminuya. El caso del sistema de salud en Colombia es emblemático. Miles de millones de pesos se despilfarran y van a la corrupción. Los hospitales están en quiebra y los intermediarios financieros, las EPS, no responden a los reclamos de estas instituciones.
La corrupción atenta contra los derechos humanos de los más pobres. Cada peso que el corrupto lleva a su bolsillo contribuye a la mortalidad infantil y a la desnutrición.
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