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La primera expresión ha sido el comportamiento del desempleo en todo el país que muestra un incremento persistente que puede llegar a más del 25% en el futuro próximo. Tal resultado sería el producto de una caída en la actividad económica que de conformidad con las proyecciones de Fedesarrollo puede ser de 2,8% o de la CEPAL y más recientemente del CEDE de la Universidad de los Andes que calculan que la contracción económica puede llegar a 5% o más.
Estas dos condiciones tienen como efecto el incremento de la pobreza monetaria que puede pasar en el presente año del 27% de acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, a una cifra entre el 40% y 45%, lo cual significa un retroceso de 20 años en los avances para superar las condiciones de pobreza en el país.
Estas condiciones nacionales pueden ser mucho más pronunciadas en las economías locales, como Ibagué, donde la base económica es muy débil, concentrando el empleo en actividades que tienen fuertes restricciones debido a la pandemia, como lo es las de restaurantes, bares, discotecas y sitios de esparcimiento, que contribuyen con cerca de 40.000 empleos en la ciudad y que no podrán reactivarse en el futuro próximo, pero contribuirán con el desempleo de manera apreciable. Cosa parecida deberá suceder con el sector gobierno, donde la caída del recaudo de impuestos, deberá reflejarse en una reducción en el empleo oficial. Esas condiciones nos permiten suponer que el actual desempleo de 19,4% existente, fácilmente podrá duplicarse para fin de año en nuestra ciudad. Así mismo, la cifra de pobreza monetaria deberá incrementarse en proporción similar o aún más, dibujando un panorama nada halagüeño para la economía y la situación social de la ciudad.
Este escenario que se viene insinuando para la economía nacional, regional y local, pone en evidencia que el actual modelo de desarrollo económico ha entrado en una crisis profunda, pues los afectados por ella, que somos la sociedad en su conjunto, pero particularmente los sectores más vulnerables, en especial los trabajadores y la población vinculada a la economía informal, buscan apoyo y alternativas en las políticas de un Estado pobre, enclenque y además, con altos niveles de corrupción, que no tiene capacidad de respuesta, pues su política fiscal para obtener mayores recursos se ha basado en mayores impuestos al consumo (IVA) de los sectores medios de la población que son los grandes golpeados en su capacidad económica en esta crisis.
En medio de las preocupaciones por la reactivación de la actividad económica, se han empezado a esbozar las respuestas de los diferentes sectores económicos y políticos. Los gremios de la producción y el inefable Ministro de Hacienda, no han perdido el tiempo para proponer como alternativa la ampliación de la flexibilización laboral, con una profunda reforma pensional y laboral que ponga en los hombros de los obreros y trabajadores de nómina e informales el costo para sacar a flote nuevamente la economía, pero sin tocar las rentas y exenciones que han obtenido los grandes capitales como parte de la lógica del modelo económico existente que ha sido hegemónico en la política en los últimos 30 años en el país y que lo ponen, en asocio con el sistema financiero, como prioridad estatal. Es decir, creen que haciendo lo mismo obtendrán resultados diferentes.
Por el otro lado, los académicos y los estudiosos del panorama económico ven que la salida está en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas sociales y económicas de la población menos favorecida, lo cual deberá traducirse en una reforma tributaria estructural, donde el norte esté puesto en la construcción de un sistema fiscal progresivo, donde se eliminen las exenciones fiscales injustificadas que se han entregado a las grandes empresas en nombre de una creación de empleo que nunca se ha dado, que se eliminen las prebendas y regalos al sistema financiero, que se reconozca la capacidad del Estado para intervenir en la economía sobre todo en los sectores de alta sensibilidad social y donde normalmente se presentan fuertes distorsiones de mercado que se expresan en la formación de rentas monopólicas u oligopólicas y, donde se reconozca la necesidad de proteger áreas estratégicas para el crecimiento y desarrollo del país, como lo es la producción agroalimentaria, la investigación y la ciencia y tecnología.
Para hacerle frente a la pobreza que seremos se necesita un Estado que se comprometa con el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación y de la región, que su norte sea el bienestar social de su población y que su prioridad sea la clase media y los trabajadores que construyen esta nación y no solo los designios de la acumulación de capital como su razón de ser.
En lo local debemos insistir en proteger el patrimonio público, que no se privatice el Estado local y regional, que luchemos denodadamente por una mayor transparencia en el manejo de lo público y en la derrota de la corrupción y el clientelismo, como expresiones de una política pública que inhibe el desarrollo y potencia la crisis y la pobreza en nuestro terruño.
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