Colombia o los síntomas de un Estado en crisis

Ismael Molina

La Constitución Política Nacional en su artículo primero define a Colombia como un Estado social de derecho, unitario, descentralizado y multiétnico.
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Esta declaración tiene como efecto que nuestro Estado tiene que cumplir unas funciones específicas acordes con su esencia: proteger los derechos sociales de la población, en especial los que tengan que ver con sus condiciones vitales tales como el acceso a la tierra, a la resolución del problema agrario y a un ambiente sano, a la vivienda digna, a los servicios públicos, a la salud y la educación, al empleo, entre otros. Pero debe hacerlo como un país unitario, que implica la apropiación y presencia estatal en la totalidad del territorio nacional, imponiendo la soberanía del manejo exclusivo de las armas por parte del estado, por encima de cualquier expresión alternativa de poder estatal, llámese guerrilla o paramilitarismo, que impedirían el ejercicio de la administración pública o la justicia.

La descentralización ha de permitir el ejercicio de la democracia local, haciendo más cercana la administración de lo público a la ciudadanía, permitiendo que las prioridades de ésta se expresen en las prioridades del gobierno local y regional. Tal situación tiene como contrapartida un fuerte control social, político y legal para evitar que los poderes fácticos que se expresan en lo local se apropien del Estado local por medio de prácticas ilegales y delincuenciales como la compra de votos y otras prácticas similares. La condición de un Estado multiétnico es reconocer que en nuestro país no puede existir discriminación alguna como producto de razas, color de la piel, origen étnico u otras expresiones culturales y étnicas y, por tanto, todos somos iguales ante la ley, como una máxima expresión de la democracia.

Pero estos principios que se desprenden de las primeras frases de la Constitución Política Nacional, que nos dan la razón de ser como nación no se están cumpliendo. El Estado no ha podido o no ha querido resolver el problema agrario y, por el contrario no solo ha permitido el fortalecimiento de la gran propiedad terrateniente en contra de formas de propiedad más democráticas en el campo, sino que ha promovido y protegido nuevas expresiones bien por medio de la concentración de la propiedad para la agroindustria o bien para la ganadería extensiva, violando decisiones legales y constitucionales que señalan como prioridad de la acción estatal al pequeño productor sobre el terrateniente, permitiendo la apropiación ilegal de baldío o el desplazamiento forzoso de pequeños propietarios, dando el combustible necesario para continuar con una guerra sin fin que lleva más de 60 años en nuestro país. Es decir, la falta de funcionamiento del estado social de derecho en el campo facilita la existencia de la guerra y pone en jaque un bien superior como lo es la paz, con el fin de proteger el estado de cosas en el sector rural de Colombia, estado heredado desde tiempos coloniales y hoy incrementado como nuevos actores como los narcotraficantes y mafiosos que han asentado sus reales en el campo colombiano.

Pero las expresiones de crisis del estado colombiano no paran en las condiciones de propiedad en el campo. La destrucción de los bosques y el uso inadecuado de los recursos naturales, bien para ampliar la frontera agrícola, o para la producción de drogas ilícitas o para la explotación minera ilegal, realizado con la complicidad  de las autoridades locales y nacionales, es otra expresión de las fallas de nuestro estado social de derecho. Si se mira la provisión de bienes y servicios públicos urbanos estamos lejos de haberle cumplido a la población con sus demandas, aunque se han mejorado los niveles de cobertura, no se han logrado las mismas condiciones de calidad, no por falta de recursos destinados a ese fin, sino a la existencia de prácticas mafiosas e ilegales en la asignación de recursos que se quedan entre las manos de los corruptos.

La incapacidad que ha mostrado el Estado el ejercicio de la soberanía de las armas en manos de la nación, ha hecho que la apropiación del territorio nacional haya sido imposible y hoy existen amplios territorios donde los que ejercen el poder son las bandas criminales que imponen su ley sobre las leyes de la república y las autoridades nacionales y regionales se desentienden de tales territorios dejando a la población en condiciones de indefección y en manos de asesinos y bandidos sin dios ni ley. Así se hace trisas no solo un acuerdo de paz, sino también la nación entera.

Las fallas que el Estado colombiano muestra en el ejercicio de sus funciones misionales, muestran los síntomas de una crisis que está haciéndolo un Estado fallido y así lo han entendido diversas fuerzas políticas que han empezado a expresar la necesidad de reconstruir el pacto social fracturado. El elemento básico para que hayamos llegado a esta situación a sólo 30 años de una asamblea constituyente que elaboró nuestra carta magna, ha sido la persistente y creciente corrupción con el beneplácito de las fuerzas políticas y sociales que han sido hegemónicas en estos treinta años.

Como podemos reconstruir el Estado fracturado por la corrupción rampante, cuando, por ejemplo, en las entidades de la vigilancia y el control social, la Contraloría y la Fiscalía, se hacen acuerdos familiares donde el Fiscal General de la Nación nombra a la esposa del Contralor General como la Secretaria de la entidad y a su vez éste último hace lo propio con la esposa del Fiscal?  O cuando  los partidos políticos mayoritarios, desoyendo el clamor nacional, nombran como Presidente del Congreso de la Republica a un Senador investigado por la Corte Suprema de Justicia por delitos contra el sufragante y compra de votos?  Esas son las acciones que han llevado a la condición de crisis de nuestro Estado.

Las propuestas han empezado a aparecer: Estado Federal?, Nuevo pacto social? Nueva Constituyente? Mientras tanto, la corrupción y la crisis continúan su marcha.

ISMAEL MOLINA GIRALDO

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