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Esta conflictividad del POT, pone en evidencia que no es un instrumento que refleje normativamente un pacto consensuado de la población sobre el tipo de territorio que los residentes de esta ciudad queremos construir.
En todo POT se reflejan intereses legítimos de diferentes actores de la vida urbana y territorial del municipio, pero cuando éste refleja sólo los intereses de uno o unos actores, en contra de otros, el POT deja de ser el pacto necesario de la población con su territorio, para convertirse en un instrumento de repartición de riqueza, en función de intereses particulares en contra del interés general y de la ciudad en su conjunto.
El POT de Ibagué adoptado según decreto 0823 de 2015, como lo afirmó el secretario de planeación de la época de su adopción, “es una herramienta para que a los constructores les vaya bien” (Periódico El Nuevo Día, domingo 18-01-2015), pero no es la aspiración de la población ibaguereña sobre lo que quiere que sea el ordenamiento físico y territorial de la ciudad en el plazo de ejecución del POT.
Los cambios introducidos en el 2015 partieron de supuestos incorrectos, en especial, la afirmación de que en 10 años la ciudad tendría un millón de habitantes. Esas premisas y la pasividad de la ciudadanía y de las fuerzas vivas de la ciudad, permitió entre otras opciones que las alturas de la nuevas edificaciones fueran libres en las áreas con tratamientos de desarrollo, redesarrollo o consolidación, lo que ha implicado romper todo perfil urbano de la ciudad y hoy tenemos grandes edificios en los barrios La Pola, Belén o Interlaken, rompiendo todo la estructura urbana que se había conformado en la ciudad. Más recientemente, en lotes que históricamente habían sido de engorde, es decir en tratamiento de desarrollo o en consolidación, han aparecido proyectos urbanísticos que desconocen totalmente la vocación residencial de baja densidad que tenía dichos sectores, rompiendo el perfil urbano de la zona, caso de Piedrapintada y Calambeo y en la actualidad, las pretensiones explícitas sobre El Vergel. Tales proyectos, pueda que tengan presunción de legalidad y sean un excelente negocio para sus promotores, pero no por eso dejan de ser un atentado a la ética y a las condiciones urbanísticas con las que se definieron los procesos constructivos de esos barrios, que han sido y siguen siendo los referentes urbanos de la ciudad, desconociendo o atentando con la capacidad de carga del sistema vial o de servicios públicos de la zona.
Otra de las perlas que nos heredó el POT es el tema de las cesiones, pues las dejó en solo el 18% para las áreas de expansión y de 25% en las zonas con tratamiento de desarrollo, pero con base en un mico no se cobran en los predios construidos, así la construcción sea un cobertizo de vigilancia, lo que le ha permitido a algunos constructores burlarse olímpicamente sus obligaciones con la ciudad y con sus propios compradores, pues no entregan el necesario y obligatorio espacio público que se requiere para una buen proyecto de vivienda, en una ciudad que tiene un déficit crónico del mismo, pues cuando normativamente se señala la necesidad de contar con un mínimo de 10 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, en la ciudad solo se llega a 3 metros cuadrados por habitante, pese a los ingentes esfuerzos realizados en la pasada administración, que lo incrementó de 1,42 m2 a los ya señalados 3m2.
Pero las situaciones derivadas del POT se vuelven más críticas por la pésima gestión que se hace en relación con el control urbanístico en la ciudad. Es una práctica conocida que algunos constructores y arquitectos hacen planos para la aprobación de las licencias en las curadurías y construyen otra cosa, ampliando las áreas o construyendo más pisos de los aprobados.
Esas situaciones que se repiten en toda la ciudad, que son denunciadas ante la autoridad competente, la oficina de control urbano dependiente de la Secretaría de Gobierno, no tienen acciones correctivas y, dado que deben ser tramitadas ante autoridades judiciales, duermen el sueño de los justos, en tanto la ciudad cada vez es menos respetada y el perfil de lo que queremos los ibaguereños se pierde en medio de ires y venires de una oficina sin capacidad de intervención o de una justicia que no tiene interés alguno en defender la ciudad.
Ante los intereses mercantilistas de algunos constructores, un POT que no responde a las aspiraciones de la población y unas entidades burocratizadas y ausentes, sólo queda la acción permanente de la población y de las organizaciones sociales para defender la ciudad que los ibaguereños queremos para seguir siendo el gran vividero que hemos construido entre todos.
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