| El Nuevo Día

Dom, 20/09/2020 - 06:09

Una de las características propias de las democracias, es que las decisiones tomadas por una administración, son punto de partida de la que le continúa, pues las acciones del gobernante de turno no se hacen en nombre propio sino como parte de las ejecutorias propias de un Estado – local, regional o nacional – que lo compromete independientemente de quien lo represente en un momento dado. En términos legales ello se identifica con la seguridad jurídica, propia del estado de derecho, que en lenguaje cotidiano lo identificamos como la necesaria continuidad para ejercer un buen gobierno.

En todo cambio de gobierno, en cualquier nivel territorial, es inevitable que se produzcan rupturas y reacomodamientos de conformidad con las prioridades propias del elegido. En muchos casos este comportamiento es beneficioso para la ciudad o el país, pues se corrige el rumbo y se definen nuevas soluciones a los problemas que se enfrenta. Pero cuando se desconoce el camino recorrido como producto del sectarismo político o del desconocimiento sobre la problemática o por la simple ignorancia, se está ante un error que lo pagamos todos los ciudadanos con los recursos públicos en algunos casos o con atraso, subdesarrollo y desempleo en otros.

Pero las rupturas profundas o el exceso de imaginación no son las cartas más idóneas para definir el futuro de un territorio y tampoco cuando se quiere gobernar teniendo por guía al retrovisor, pues estamos seguros que el que trata de avanzar mirando solo el retrovisor, no sabrá a donde llegar y, casi con seguridad solo logrará accidentarse.

Se ha insistido que en la actual coyuntura, de pandemia, crisis de crecimiento económico y de desempleo, la ciudad debe reactivar en el menor tiempo posible sectores económicos que sean demandantes intensivos en mano de obra y, de acuerdo con las diferentes mediciones macroeconómicas, dos de éstos sectores son la construcción urbana y los servicios turísticos. En el año inmediatamente anterior, Ibagué fue reconocida por el Gobierno Nacional como la ciudad con mejor capacidad y ejecutoria en la habilitación de suelos destinados a vivienda de interés social, lo que el sector privado tradujo en una alta capacidad para atraer subsidios de vivienda para la población ibaguereña y en un fuerte impulso de la actividad edificadora, al punto que fue una de las cinco ciudades que más creció en esta actividad en Colombia. En la actualidad, tal comportamiento es completamente distinto, pero no es solo el producto de los inevitables cambios generados por la pandemia, sino también de desafortunadas rupturas que han impedido seguir en la senda que se había señalado.

ISMAEL A. MOLINA GIRALDO