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Por el contrario, la percepción generalizada es la de una acción pública descoordinada, con altos niveles de improvisación, con gastos excesivos e inoficiosos (tipo juegos pirotécnicos del pasado 14 de octubre), sin compromiso ni con la población más vulnerable ni con el tejido empresarial de la ciudad. A esta lectura rápida de la realidad, se opone la existencia de una dinámica muy particular del sector constructor de la ciudad. Ibagué fue la ciudad que más creció en actividad constructiva de vivienda en el país en 2019; fue la segunda ciudad donde más subsidios se aplicaron en ese mismo año y fue escogida por el Ministerio de Vivienda como la ciudad donde más suelo de expansión se habilitó para la crecimiento de la actividad constructora en el país, en especial para la vivienda de interés social.
Esta acción fue el producto de la aprobación de cinco planes parciales que aportaron 317 hectáreas a la oferta de suelo urbanizado, y a dejar en proceso de concertación entre los promotores inmobiliarios y la administración municipal, otros 6 planes parciales que pueden incrementar tal oferta en más de 300 hectáreas adicionales.
Lo anterior permite poner de presente que la acción pública emprendida en el año 2019, hoy le permite a la ciudad contar con las condiciones para que el sector de la construcción cumpla el papel de reactivador del empleo y de la economía local, como se ha propuesto insistentemente.
El logro de tal cometido está dependiendo del cumplimiento de los compromisos que se adquirieron por parte de la ciudad para responder con el suministro de agua potable en las áreas de expansión, compromiso que se deriva de la terminación del acueducto complementario y de la ejecución de obras como el tanque localizado en la zona industrial del Papayo.
En ese contexto vale la pena señalar que se hace muy importante entender la dinámica de la construcción de la nueva ciudad, para empezar a dotarla de los equipamientos que se requiere, para que ésta no sea solo el dormitorio de los nuevos pobladores de la ciudad, sino el área donde se construye efectivamente la ciudad.
Son tres las áreas que se desarrollan: El área del Parque deportivo – aeropuerto, el área de Picaleña y el corredor de El Salado – El País. Es decir, los nuevos desarrollos urbanos están generando una desconcentración funcional de la ciudad que debemos empezar a resolver antes que la presión de la población que se asiente en ellas, generen tensiones urbanas que se traducen en costos crecientes en movilidad y eficiencia.
Pero estas opciones de desarrollo urbano tienen que resolverse con base en una distribución equitativa de cargas y beneficios, entre la ciudad y los promotores inmobiliarios o constructores. No puede ser que el crecimiento urbano y las oportunidades económicas que éste genera, se pague con los impuestos que aportan los ibaguereños y que las ganancias generadas sean apropiadas exclusivamente por los propietarios de la tierras y los promotores inmobiliarios.
Frente a esa situación, la constitución, la ley y la normativa urbana ha identificado la necesidad de hacer esa distribución equitativa de costos y beneficios, teniendo como espina dorsal el cobro de plusvalía en las zonas de expansión. No puede seguir dilatándose su cálculo y cobro, pues en tanto ello suceda, los constructores solicitarán y obtendrán las licencias urbanas y de construcción respectivas, haciendo cada vez menos probable el cobro de la contribución de plusvalía que debe ser sufragada por los propietarios de los terrenos que se benefician de los cambios normativos que implican los planes parciales.
Es decir, la nueva ciudad que hoy se construye, que permite vislumbrar una nueva estructura urbana, que aporta a la reactivación económica, obliga a la ciudad a una mayor eficiencia en el manejo de tributos específicos, que servirán para el pago de las vías y equipamientos de estos nuevos desarrollos, o por ineficiencia de lo público, la nueva ciudad se pagará con los recursos de todos en favor de uno pocos.
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