El acuerdo de Paz o cuatro años de agitación

Nuestra carta política, en un artículo corto y preciso señala: “Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es decir, una condición básica del Estado Social de derecho, es la consecución y mantenimiento de la Paz. Es, al decir de los constitucionalistas, la razón misma de la existencia del Estado.
PUBLICIDAD

En nuestro país ese lineamiento constitucional no se cumple y, por el contrario, lo excepcional es poder disfrutar de la paz, pues lo normal y permanente ha sido la existencia de un conflicto armado, con diversas expresiones que en el pasado enfrentaron los partidos políticos, a mediados de los años 50 del siglo veinte generó la violencia política liberal – conservadora, que a partir de los años 60 aparecieron los grupos guerrilleros, en los 90 los paramilitares y en la actualidad las diferentes bandas criminales, poniendo en evidencia el Estado Inconstitucional que padecemos, en tanto el Estado Nacional es incapaz de asegurar una paz estable y duradera y, en paradójico comportamiento, tiene como consigna hacer trizas la paz resultado de los acuerdos que se firmaron con las Farc.

El conflicto armado que sigue padeciendo Colombia es el resultado de la persistencia de expresiones políticas que no consideran a la democracia como el régimen político que debe perdurar y, que, desde puntos de vista diferentes, la atacan como simple expresión de unos determinados intereses particulares y no como la forma de organización que el pueblo se ha dado para la defensa de la libertad, el respeto por el otro y el desarrollo de la diferencia.

Desde el neofascismo, expresado en las organizaciones políticas que promueven la permanente violación de la constitución, por medio del paramilitarismo o el desconocimiento de las reglas derivadas de la constitución política, con la violenta violación a los derechos humanos, en nombre de la defensa de sus intereses particulares como terratenientes o grandes propietarios de grupos económicos, empresariales y financieros; o desde el radicalismo de izquierda, que solo reconoce la posibilidad de la lucha armada como expresión legítima de la luchas populares, se dinamita la paz y se hacen trizas los acuerdos.

Unos y otros deben ser desenmascarados como enemigos de nuestro Estado Social de Derecho y el Estado, en representación de todos los colombianos, deberá combatirlos por igual. El acuerdo de paz firmado hace cuatro años, no puede ser mirado solo como la acción política del gobierno de turno. Fue y sigue siendo la acción del Estado dando cumplimiento a un derecho y una obligación constitucional. No puede ser que el odio neofascista representado en el uribismo o las posiciones del radicalismo de izquierda, representado en los grupos disidentes o en el Eln, sean quienes nos quiten el derecho constitucional a la paz.

La invocación reiterada de las acciones que los excombatientes realizaron en el pasado y que no han sido ni reconocidas por ellos y mucho menos que las víctimas hayan sido reparadas, no son justificación para el comportamiento criminal y antidemocrático de las fuerzas que dicen defender a la población afectada. Tampoco la invocación de la violación sistemática de los derechos de los sectores populares o la rampante inequidad existente en la sociedad justifica el uso de las armas como opción política. La paz es nuestro derecho y es la obligación del gobierno, cualquiera que sea, defenderla y no ponerle palos en la rueda. Otro camino es inconstitucional y solo hace que se mantenga este estado de cosas anticonstitucional en que nos han metido los enemigos de la paz.

La sociedad civil, nosotros, tenemos que defender la opción de futuro que representaron los acuerdos de paz. Tenemos que organizarnos en defensa del derecho a la paz, que no implica transigir en la exigencia de verdad y de no repetición, para todos los actores y no solo para las antiguas y nuevas guerrillas. La violación de niñas, el reclutamiento forzoso o el secuestro son crímenes que deben desaparecer de nuestro comportamiento político, cometidos por las guerrillas, por lo cual sus autores deben reconocer y asumir sus delitos. Pero también las desapariciones forzosas, los terribles e inhumanos falsos positivos, los asesinatos de líderes sociales o la eliminación física de los militantes de la UP, fueron y siguen siendo asesinatos aleves, que fueron cometidos por el neofascismo y la extrema derecha, que deben ser asumidos por sus responsables con verdad y reparación.

La paz significará aceptar los horrores de ambas partes por duras e incómodas que nos puedan parecer, pero ello valdrá la pena si con eso construimos un país y un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos y nietos. Siempre hay que recordar que la paz es un derecho que tenemos que proteger y no un compromiso de un gobierno o de un político de turno.

ISMAEL A. MOLINA G.

Comentarios