Sobre el estatuto temporal para venezolanos

José Adrián Monroy

Desde hace un buen tiempo en Colombia y varios países de Latinoamérica, se presenta un fenómeno social que amerita especial atención por parte de los gobiernos, debido al impacto que tiene en varios aspectos de la sociedad. El éxodo masivo de venezolanos.
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De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, de los cuales, según datos entregados por  Migración Colombia a  corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, lo que quiere decir que en Colombia, permanecerían más del 34% del total de venezolanos que han abandonado su país.

Conforme a lo anterior, del millón 729 mil migrantes venezolanos que tenemos, más de 966 mil están de forma ilegal, cerca del 56%. En los últimos dos meses de 2020 y pese al cierre actual de la frontera, fueron ubicados en carreteras colombianas más de 18 mil migrantes venezolanos y se estima que diariamente, solo por Norte de Santander, más de 300 personas intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional.

A su vez, el 58% de los venezolanos que se encuentran radicados en el país son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad, mientras que más del 28% serían niños, niñas y adolescentes; una lamentable radiografía de la terrible situación que están viviendo miles venezolanos que no tienen un techo donde dormir, asistencia en salud para niños y/o adultos mayores, ni mucho menos opciones laborales estables y bien remuneradas. 

Por lo tanto, es importantísimo el Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos que anunció el gobierno Duque, toda vez que, es una estrategia que busca establecer soluciones que trasciendan en el tiempo y que protejan los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad, dándoles la posibilidad de legalizar su permanencia en el país hasta por 10 años. 

Para acceder a ello, deberán inscribirse en un Registro Único de Migrantes, que incluirá datos biométricos, identificación, su lugar de residencia y su condición socioeconómica, lo que les permitirá a los venezolanos que aquí se encuentren,  acudir  a todos los servicios del Estado, entre ellos, servicios de salud, incluyendo la vacuna contra el Covid-19, como también, contribuir a la economía del país. 

Sin duda, más que una acción estatal, es una disposición solidaria  y humana por parte del gobierno nacional, pues la realidad de muchos venezolanos que deambulan por nuestras carreteras, que permanecen en nuestras calles o que son explotados laboralmente, es indignante. Al gobierno nacional le aplaudo lo bueno y le condeno lo malo, así que es justo reconocerle esta iniciativa.

JOSÉ ADRIÁN MONROY

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