Sobre el porte de armas

En Colombia, el monopolio de las armas es del Estado; así lo establece nuestra Constitución Nacional, por lo que la posesión o porte de las mismas no es un derecho, es una excepción. En este momento el porte de armas se encuentra suspendido, o sea que quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte.
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Al estar suspendidos estos permisos, solo quienes obtengan permiso especial, podrán llevar consigo o al alcance un arma de defensa personal, con el respectivo permiso expedido por autoridad competente. En ese sentido, hay 2 tipos de permiso: Permiso de Estado, que se expide con base en el Decreto Ley 2535 de 1993, a quienes cumplan todos los requisitos que allí se señalan para poder portar un arma.

El Permiso Especial de Porte, que solo se expide para quienes tengan el permiso anterior y cumplan con otros requisitos adicionales a los ya mencionados, que a su vez, tiene 2 posibilidades: Permiso especial regional, que solo permite el porte en zonas específicas del país y permiso especial nacional, que permite el porte en todo el territorio. La persona que excepcionalmente pueda portar un arma, debe llevar consigo los 2 permisos anteriormente mencionados. 

Hago esta referencia, porque varios sectores sociales y políticos están solicitando que se levante la suspensión del porte de armas debido a la fuerte inseguridad que se está viviendo en todo el país. 

Si bien es cierto, permitir que las personas se armen en un país tan violento e intolerante como Colombia, sería un error; también lo es, el hecho de que los ciudadanos  se encuentren en estado de indefensión ante la oleada delincuencial que sí está armada deambulando por las calles cometiendo, sin límite alguno, toda clase de delitos.

Desde luego, esta situación denota y evidencia una falla estructural del estado en materia de seguridad, pues no le está brindando a la sociedad la certeza de que se encuentra protegida y resguardada de los malhechores que viven de la ilegalidad y de perturbar la tranquilidad de los demás.

Si el estado no puede mantener, ni garantizar  la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y el orden justo de nuestra comunidad y su gente, como lo dispone uno de sus fines, tendría que plantearse seriamente la posibilidad de levantar la suspensión del porte de armas y permitírsele a los que cumplan todos los requisitos poder llevar una consigo, para ejercer su derecho a defenderse; de lo contrario, se le abriría la puerta , a que desde la clandestinidad, muchos quieran hacer justicia por su propia mano deslegitimando el estado social de derecho.

JOSÉ ADRIÁN MONROY

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