José Gregorio Hernández

En los últimos tiempos ha hecho carrera la equivocada idea según la cual basta dictar una norma -bien sea constitucional, legal o administrativa- para que, por sí sola, al conjuro de su sola expedición, genere mágicos efectos reales, modifique hechos y situaciones, corrija conductas y produzca los resultados queridos por el órgano que la puso en vigencia. Como si no fuera menester su concreción en conductas.

Como lo hemos expresado en anterior columna, el aumento de los impuestos y la creación de nuevas contribuciones carecen de justificación -inclusive y con mayor razón en tiempos de crisis- si el Estado no ha sido austero, prudente en el gasto, cuidadoso en la destinación de los recursos públicos; si ha despilfarrado en burocracia, en asuntos de menor importancia como la imagen presidencial y la propaganda oficial, o en la que hemos dado en llamar “mermelada”, que no es sino una forma de comprar apoyos y votos. Porque semejante conducta no es leal con los contribuyentes, ni se compadece, en estos días, con el papel que deberían jugar los gobernantes en una situación tan difícil como la que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Cuanto ha venido ocurriendo en relación con el desconocido proyecto de ley mediante el cual se quiere introducir una nueva reforma tributaria -no importa cómo se lo denomine, sino lo que contenga- muestra una gran improvisación que, además de los perjuicios propiamente fiscales, ya, en la práctica, se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a una información fidedigna, clara y completa que les permita conocer, evaluar y controvertir lo que se propondrá al Congreso.

Como lo resaltan varios autores, las constituciones consuetudinarias -basadas en la costumbre, como la inglesa- son flexibles, al paso que las escritas -como la colombiana- tienden a ser más o menos rígidas. Eso significa que las primeras se van modificando de manera paulatina y prácticamente imperceptible, sin unas exigencias específicas de índole formal o procedimental, mientras las segundas contemplan órganos competentes para introducir reformas y señalan trámites y requisitos que deben ser cumplidos para tal fin, sin los cuales los cambios propuestos no adquieren validez. Además, justamente por hallarse contenidas en textos, las modificaciones de las constituciones escritas tienen una fecha exacta de promulgación y entrada en vigencia, a partir de la cual producen los efectos correspondientes.

Como lo hemos recordado varias veces, la Constitución de 1991 (Art. 20) ha definido como derecho fundamental el que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información veraz e imparcial. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) señala que toda persona es titular de la “libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Si en algo ha insistido la jurisprudencia constitucional, tanto la colombiana como la de otros países (España, por ejemplo), es en sostener que los derechos -inclusive los fundamentales- no son absolutos. Aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los tribunales constitucionales han sostenido que, para establecer hasta dónde llega un derecho en un caso concreto, es necesario hacer una valoración de las circunstancias y buscar un equilibrio, considerando la existencia y posible afectación de otros derechos y del interés general.

El 6 de enero de 2021 pasará a la historia como un día de vergüenza para la democracia de los Estados Unidos. El día en que violentos seguidores de Donald Trump -incitados mediante discursos orientados a desconocer la derrota en las elecciones presidenciales- asaltaron el Capitolio para impedir que el Congreso certificara la votación del Colegio Electoral en que resultaron vencedores Joe Biden y Kamala Harris. Un sabotaje sin antecedentes contra el Congreso para torpedear el ejercicio de sus funciones constitucionales. Al menos cinco muertos y numerosos heridos, legisladores amenazados, ruptura de puertas y ventanas, invasión de las oficinas, introducción de explosivos, en el curso de una agresión colectiva que las autoridades de policía no fueron capaces de controlar. Un golpe de Estado. Un precedente muy grave, en especial en cuanto muestra la decadencia de la que se ha presentado siempre como una democracia ejemplar.

Comienza el año 2021. Ha quedado atrás el nefasto 2020, y quienes seguimos con vida y sin Covid debemos dar gracias a Dios por habernos protegido, a la vez que le pedimos que nos siga cuidando, desde luego con nuestra personal y colectiva colaboración y voluntad. Y también le rogamos por el descanso eterno de quienes nos han dejado, y por la pronta y efectiva recuperación de los muchos que han resultado contagiados.

El 7 de julio de 2021 nuestra Constitución de 1991 cumplirá treinta años de vigencia. Se le han introducido hasta ahora cincuenta y cinco reformas, la mayoría de ellas incorporadas o agregadas al texto original y se encuentran en vigor.

Tras la votación popular del 9 de diciembre de 1990, había necesidad de proceder a lo que institucionalmente fuese necesario con el objeto de cumplir la decisión del pueblo. Ya el 27 de mayo, al votar en desarrollo del Decreto Legislativo 927, había sido derogado el artículo 13 del Plebiscito de 1997 -que depositaba en el Congreso de manera exclusiva la competencia para reformar la Constitución-, lo que había permitido lograr el propósito que animó a los estudiantes integrantes del movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” cuando propusieron la séptima papeleta. Así que el presidente Gaviria tenía un mandato popular totalmente claro, con el que -además- coincidía, vista la situación que afrontaba el país y persuadido de la necesidad del cambio constitucional.