Por sustituir la Constitución, la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2020, que eliminaba la prohibición de la cadena perpetua prevista en el artículo 34 de la Carta Política.

La impunidad es terriblemente dañina en toda sociedad. El Derecho Penal, la legislación que prevé los hechos punibles y sus consecuencias, la administración de justicia pronta y efectiva, así como la sanción al delincuente, son elementos indispensables para la defensa social y para la preservación de un orden mínimo, sin el cual es imposible la convivencia.

El control de la Corte Constitucional recae sobre normas, pero es una función de control, no de creación de normas.

Al referirse al reciente informe de la Cidh, el presidente Duque expresó: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.

Cuanto ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos meses, más que preocupante, es alarmante. Se han deteriorado la sensibilidad social y el respeto a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás no tienen sentido ni posible realización-. Los crímenes se van convirtiendo en “normales” y se convive con ellos.

A nadie se oculta que el país afronta una de las peores crisis de orden institucional en muchos años. Es tan difícil la situación -caracterizada por la prolongación indefinida del paro, el imposible diálogo, el vandalismo, la violencia, los excesos policiales en el uso de las armas, los bloqueos, la participación de civiles armados disparando contra los manifestantes, las vacilaciones y la falta de control real por parte del Ejecutivo, entre otros factores- que han pasado a segundo o tercer plano -al menos en las prioridades oficiales y en los medios de comunicación- las preocupaciones ocasionadas por el Covid-19 en su momento de mayor gravedad (alrededor de quinientas muertes diarias, lo que resulta francamente aterrador).

En los últimos tiempos ha hecho carrera la equivocada idea según la cual basta dictar una norma -bien sea constitucional, legal o administrativa- para que, por sí sola, al conjuro de su sola expedición, genere mágicos efectos reales, modifique hechos y situaciones, corrija conductas y produzca los resultados queridos por el órgano que la puso en vigencia. Como si no fuera menester su concreción en conductas.

Como lo hemos expresado en anterior columna, el aumento de los impuestos y la creación de nuevas contribuciones carecen de justificación -inclusive y con mayor razón en tiempos de crisis- si el Estado no ha sido austero, prudente en el gasto, cuidadoso en la destinación de los recursos públicos; si ha despilfarrado en burocracia, en asuntos de menor importancia como la imagen presidencial y la propaganda oficial, o en la que hemos dado en llamar “mermelada”, que no es sino una forma de comprar apoyos y votos. Porque semejante conducta no es leal con los contribuyentes, ni se compadece, en estos días, con el papel que deberían jugar los gobernantes en una situación tan difícil como la que vivimos a raíz de la pandemia del coronavirus.

Cuanto ha venido ocurriendo en relación con el desconocido proyecto de ley mediante el cual se quiere introducir una nueva reforma tributaria -no importa cómo se lo denomine, sino lo que contenga- muestra una gran improvisación que, además de los perjuicios propiamente fiscales, ya, en la práctica, se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a una información fidedigna, clara y completa que les permita conocer, evaluar y controvertir lo que se propondrá al Congreso.

Como lo resaltan varios autores, las constituciones consuetudinarias -basadas en la costumbre, como la inglesa- son flexibles, al paso que las escritas -como la colombiana- tienden a ser más o menos rígidas. Eso significa que las primeras se van modificando de manera paulatina y prácticamente imperceptible, sin unas exigencias específicas de índole formal o procedimental, mientras las segundas contemplan órganos competentes para introducir reformas y señalan trámites y requisitos que deben ser cumplidos para tal fin, sin los cuales los cambios propuestos no adquieren validez. Además, justamente por hallarse contenidas en textos, las modificaciones de las constituciones escritas tienen una fecha exacta de promulgación y entrada en vigencia, a partir de la cual producen los efectos correspondientes.