José Gregorio Hernández

Mientras el mismo precepto enseña que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y en su integridad, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De conformidad con el artículo 20 de la Carta Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como la de informar y recibir información veraz e imparcial.

Con independencia de si en segunda instancia se confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela concedida el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio –en teoría para brindar asistencia y entrenamiento a nuestros soldados en la lucha contra el narcotráfico-, lo cierto es que, como dice el artículo 86 de la Constitución, todo fallo de tutela “será de inmediato cumplimiento”, sin perjuicio de su impugnación ante el juez competente y de su eventual revisión por la Corte Constitucional.

Nuestro Estado no debe desconocer la gran importancia de la sentencia “Petro Urrego vs. Colombia”, proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Han preguntado de manera insistente en estos días los estudiantes de Derecho: ¿En qué consiste el principio de la perpetuatio jurisdictionis?

Muchas fueron las preguntas que formularon mis estudiantes de Derecho Constitucional a propósito de mi análisis sobre el preámbulo de la Constitución Política, su fuerza vinculante y los valores y principios que integran la parte dogmática de la Carta de 1991, entre ellos la soberanía nacional, la democracia, el Estado Social de Derecho, y el respeto a los Derechos Humanos.

Si algo es inherente al Estado de Derecho es la independencia de jueces y tribunales para adoptar sus decisiones. No deben ser susceptibles de influencia mediante halagos, críticas, premios o estímulos económicos, burocráticos o de otra índole; ni pueden ser sometidos a presión, y menos aún amenazados, intimidados o amedrentados. Ninguno de esos elementos externos, así sea muy fuerte, debe ser suficiente para romper la imparcialidad o la incorruptible fortaleza del togado. Si éste cede a semejantes tentativas de influjo, es indigno y no merece la confianza en él depositada.

Sin ser exhaustivos -porque cada día hay en nuestro territorio nuevas y peores formas de comportamiento antisocial, que no parecen propias de una sociedad civilizada-, hechos recientes mueven a la reflexión y al análisis.

Cuando se conoció el hecho brutal de siete soldados adscritos al batallón San Mateo del Ejército en Risaralda, que violaron a una niña indígena de doce años, el presidente de la República Iván Duque expresó: “Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con los soldados, lo hacemos”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, suscrito por Colombia, aprobado por el Congreso mediante Ley 7 de 1968 y ratificado por nuestro Gobierno, estableció en su artículo 14 que “todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”, y dice el numeral 5 del mismo artículo que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.