José Gregorio Hernández

Haciendo referencia a recientes hechos, el presidente Iván Duque manifestó: “La Policía es una institución que tiene 129 años de existencia, y son hombres y mujeres que se entregan por los colombianos día, mañana y tarde.

Aunque todavía falta la votación de los representantes estatales en el Consejo Electoral -lo que tendrá lugar el 14 de diciembre-, así como la certificación del nuevo Congreso y las decisiones judiciales sobre procesos que instaura Donald Trump, todo indica que Joe Biden ha sido elegido presidente de Estados Unidos.

El Diccionario de la Lengua define la censura como “intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas”. “Aplicar un control ético, político o religioso sobre algo o alguien”. El Diccionario Enciclopédico Vox apunta que consiste en “examinar y formar juicio el censor (de un texto, un filme, etc)”.

El artículo 9 de nuestra Constitución Política establece que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia”.

No tomo partido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Como todas las personas, a la luz de la Constitución, goza de la presunción de inocencia, que solamente una sentencia judicial definitiva podrá desvirtuar.

En Colombia -una democracia, si atendemos al texto constitucional- el derecho a protestar lo tiene toda persona. Protestar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, entre otras acepciones, “aseverar con ahínco y con firmeza”, y también “expresar la oposición a alguien o a algo”. Y presenta como ejemplo: “Protestar contra una injusticia”.

Mientras el mismo precepto enseña que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y en su integridad, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De conformidad con el artículo 20 de la Carta Política, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como la de informar y recibir información veraz e imparcial.

Con independencia de si en segunda instancia se confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela concedida el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio –en teoría para brindar asistencia y entrenamiento a nuestros soldados en la lucha contra el narcotráfico-, lo cierto es que, como dice el artículo 86 de la Constitución, todo fallo de tutela “será de inmediato cumplimiento”, sin perjuicio de su impugnación ante el juez competente y de su eventual revisión por la Corte Constitucional.

Nuestro Estado no debe desconocer la gran importancia de la sentencia “Petro Urrego vs. Colombia”, proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.