Es necesario referirnos de nuevo a la inconcebible situación de violencia y crimen que padece Colombia desde hace tiempo, pero con especial gravedad en los últimos años. Se ha incrementado hasta niveles francamente intolerables en 2022. Algo tiene que hacer el Estado al respecto, pues ha perdido el control de una situación francamente alarmante.  

El artículo 5 de la Constitución proclama: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.

El Acto Legislativo 1 de 2009, que adicionó acertadamente el artículo 49 de la Constitución, estableció:

La ética -del término griego ethos, costumbre, carácter, conducta- es la rama de la filosofía que se ocupa en el estudio y regulación de los comportamientos y acciones humanas, a la luz de la moral.

La convivencia -que es propia de cualquier sociedad, por rudimentaria que sea- se está haciendo imposible en Colombia.

El Estado, al tenor de la Constitución (artículo 5), reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona. Entre ellos: el artículo 20 garantiza la libre expresión del pensamiento y opiniones; de conformidad con el 37, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente -y, por tanto, protestar, criticar, reclamar, proponer o respaldar-, y únicamente la ley goza de competencia para prever restricciones y establecer los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de estos derechos.

Es muy importante lo que se han propuesto tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez: orientar al Estado hacia una eficaz promoción de la dignidad humana como base necesaria para la paz.

Por lo que le hemos escuchado decir al presidente Gustavo Petro, en su condición de demócrata, no se opone a la libre expresión de las ideas -así sean contrarias a las suyas-, es respetuoso de la crítica y favorece el diálogo como camino civilizado hacia el logro de acuerdos y consensos.

BOGOTÁ. Se discute en el Congreso el proyecto de ley de origen gubernamental que introduciría otra reforma tributaria. Entre los varios puntos discutibles de esa iniciativa está la consagración de un impuesto sobre las pensiones que consideran “altas”, es decir, superiores a diez millones de pesos.

Insiste el Gobierno en una reforma tributaria que tiene varios problemas constitucionales. Uno de ellos es el relativo al proyectado gravamen de las pensiones, aprobado ya en primer debate, durante el cual -dicho sea de paso- se ha debido discutir y votar artículo por artículo, y no en bloque, como se hizo.