Con independencia del partido o de la coalición a la que pertenezcan quienes lleguen a ocupar los escaños del Senado de la República y la Cámara de Representantes, lo que debemos buscar los colombianos cuando ejerzamos este año el derecho al sufragio, es la conformación de una rama legislativa renovada y democrática, que cumpla adecuadamente la representación que el pueblo le confía y que responda verdaderamente por la esencial función señalada en la Constitución y en el sistema jurídico.

Que, tras justificada polémica, no haya pasado en la consolidación del Congreso el proyecto de artículo “mordaza”, mediante el cual se pretendía sancionar a investigadores y periodistas que informaran sobre actos ilícitos y corruptos cuando se tratara de funcionarios o exfuncionarios, no implica que haya cesado una inaceptable tendencia a obstruir la labor periodística y a desconocer la libertad de expresión, el derecho a la información y sus garantías.

La crítica no es otra cosa que el resultado del examen, el escrutinio, el estudio de algo -una obra de arte, un libro, un discurso, una norma, una política, una actividad, una gestión, un evento deportivo, una moda-, con el fin de emitir un juicio -positivo o negativo- sobre lo examinado, lo escrutado, lo estudiado.

Una vez más, debemos insistir en los deberes sociales, ante la amenaza del Covid.

Estamos a pocos meses de las elecciones, y lo cierto es que, por paradoja, pese a existir un gran número de precandidatos -entendemos que más de sesenta-, habiendo tantos problemas sin resolver y tantas necesidades y urgencias, reina el desconcierto más absoluto acerca del inmediato futuro de la sociedad, del Estado, de la justicia, de la economía, de la ecología, de la paz.

Dice el artículo 9 de la Constitución Política que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.

Como lo hemos recordado varias veces -pero, ante los hechos de la vida real, es preciso insistir en ello-, uno de los propósitos básicos de la Constitución, según su preámbulo, consiste asegurar a los integrantes de la Nación la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

Se cumplen cinco años desde la votación del plebiscito mediante el cual se buscaba la aprobación popular del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc-EP.

Desde el primer día de clase aprendimos los abogados que, en Derecho, “las cosas se deshacen como se hacen”. También se nos enseñó que en todo Estado de Derecho existe una jerarquía normativa, no todas las normas tienen el mismo nivel, unas están sometidas a otras. Por encima de todas está la Constitución Política, cuya supremacía, en una democracia, proviene del ejercicio del poder soberano, cuyo titular es el pueblo.

Por sustituir la Constitución, la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2020, que eliminaba la prohibición de la cadena perpetua prevista en el artículo 34 de la Carta Política.