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Aunque nuestras autoridades hacen esfuerzos por encerrar los hechos y las realidades en palabras, cifras, estadísticas y cuadros, es cada vez más notorio el contraste entre lo que se muestra y lo que se vive. Es como si lo importante, desde el punto de vista de la función pública no consistiera, como dice la Constitución (Art. 2), en realizar los fines esenciales del Estado –servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; defender la independencia nacional y la soberanía, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo- sino en exhibir, con el apoyo de los medios, palabras e imágenes de supuesto cumplimiento.
Mientras el mismo precepto enseña que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y en su integridad, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a la vez que, según el preámbulo de la Carta, ella se ha puesto en vigencia “con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”, de lo que tiene certeza el ciudadano del común es de la enorme distancia entre esos objetivos y lo que ocurre en la vida diaria.
¿Ejemplos? El incremento de contagios y muertes por Covid-19 se presenta como menos grave afirmando que se concentran en cinco municipios y que la mayoría de los fallecidos son mayores de 70 años. Cuando un día crecen las cifras, se dice que corresponden a datos de días pasados (luego los datos de días pasados eran engañosos). El día sin IVA no causó contagios. El “aislamiento inteligente” tampoco. No busquemos responsables.
Se invierte el presupuesto, no en los pobres sino en Avianca y en mejorar la imagen presidencial. Las masacres son “homicidios colectivos”. La eliminación del mínimo como salario, para consagrar la contratación por horas, se presenta como avance. Cuando las cabezas de los organismos de control son del gobierno se dice que son independientes. Los soldados norteamericanos no son tropas extranjeras, y una supuesta carta de senadores “aprueba” su tránsito por el territorio. Colombia apoya a un candidato gringo para presidir el BID. El Gobierno “respeta” las decisiones judiciales, pero no las cumple. Se “respeta” la separación de funciones, pero se protesta oficialmente ante los fallos.
Las normas constitucionales -que se supone conforman el estatuto fundamental del Estado y señalan el sentido y la razón de ser de su misión, de su responsabilidad y prioridades- se han convertido en teoría irrealizada. En un fracaso de la institucionalidad. Eso lo comprobamos a diario los profesores universitarios cuando exponemos el deber ser y los estudiantes lo comparan con el ser. Con la dura y tozuda realidad.
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