El abuso no es autoridad

Nosotros no somos lo suficientemente rigurosos como sociedad en ver ese esfuerzo”. Agregó: “Muchas veces hay abusos, que son intolerables, pero muchas veces esos hechos son minúsculos frente al esfuerzo que se hace todos los días por parte de ellos. Dicho eso, cuando se presentan abusos como el de Javier Ordóñez debe haber tolerancia cero”.

Vale la pena examinar esos conceptos con sentido objetivo y razonable. Se trata de la palabra presidencial, que está llamada a orientar a la sociedad colombiana; a liderar y estimular la pacífica convivencia, la debida aplicación de las normas jurídicas y el acatamiento que personas e instituciones debemos al Derecho, para alcanzar -como dice el preámbulo constitucional- un orden jurídico, económico y social justo.

La palabra presidencial debe ser mirada con respeto, pero sin perjuicio de la crítica, a la que todos tenemos derecho en un sistema democrático.

En los aludidos renglones hay afirmaciones que compartimos enteramente, y otras de las que respetuosamente nos distanciamos.

La Policía Nacional, esa institución de naturaleza civil cuyo fin -siguiendo los lineamientos que traza el artículo 218 de la Carta Política- consiste en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, resulta esencial para el país; merece apoyo, respeto, consideración y reconocimiento. Sin un cuerpo de policía -organizado y activo, como siempre lo ha sido el colombiano-, guardián del orden público, de la ley y de las garantías constitucionales, es prácticamente imposible una sociedad civilizada. Ella ha sido para Colombia un invaluable soporte de una comunidad democrática y libre. En eso estamos de acuerdo con el Presidente.

Pero, en cambio, debemos disentir de su expresión según la cual hay abusos intolerables y abusos minúsculos. El abuso, en cualquiera de sus formas, es ilegítimo e intolerable. Incompatible con el Derecho y con la genuina autoridad. Un abuso de autoridad nunca es minúsculo, en especial si cuesta vidas, y no se justifica por las buenas acciones. El Estado no puede cohonestar, ni ocultar los abusos de sus agentes, y debe responder por ellos. Como dice la Constitución, podrá ser condenado por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades, las cuales están instituidas, no para atacar, sino para proteger a todas las personas, ante todo en su vida y en el pacífico ejercicio de sus derechos. Por tanto, deben inspirar confianza, no miedo; aceptación, no rechazo; solidaridad, no animadversión.

Si, como ha venido sucediendo, el abuso se repite en muchos casos, algo muy grave pasa, y tiene que ser verificado de manera estricta, no disimulado. Además de las investigaciones y sanciones individuales, las irregularidades generalizadas exigen corrección y ajuste. Para eso es la ley y esa es la tarea de la organización institucional.