Un vergonzoso “mico”

Desde el primer día de clase aprendimos los abogados que, en Derecho, “las cosas se deshacen como se hacen”. También se nos enseñó que en todo Estado de Derecho existe una jerarquía normativa, no todas las normas tienen el mismo nivel, unas están sometidas a otras. Por encima de todas está la Constitución Política, cuya supremacía, en una democracia, proviene del ejercicio del poder soberano, cuyo titular es el pueblo.
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Es la Constitución la que crea los órganos estatales, la que les confiere facultades y les asigna funciones, deberes y competencias. La Carta Política de 1991 confió al Congreso, entre otras funciones, la de expedir las leyes, dentro de un concepto de cláusula general de competencia, señaló los asuntos propios de la legislación y estableció las reglas y procedimientos dentro de los cuales ha de cumplir esa actividad. 

A la vez, clasificó las leyes, según los asuntos de los que deben ocuparse: ordinarias, estatutarias, orgánicas, marco, de facultades, de autorizaciones especiales, etc. Aunque se trate de conocimientos elementales para todo servidor público (y con mayor razón para quienes desempeñan los más altos cargos), hemos querido refrescarlos y referirnos también a dos de los enunciados tipos de leyes, las estatutarias y la ley anual de presupuesto, porque, al parecer, en el Congreso y en la presidencia hay gran confusión al respecto. 

El artículo 158 de la Carta consagra que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”. Además, según el artículo 348, el Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El 349 establece que, en los tres primeros meses, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá ese Presupuesto. 

La Carta Política introdujo las leyes estatutarias, de la más alta jerarquía, previstas para regular ciertas materias, que tienen por objeto lograr la efectividad de los derechos constitucionales, la justicia y la garantía de un sistema democrático y participativo. Una de ellas es la Ley de garantías electorales (996/05). 

Olvidando -o, más exactamente, violando todas estas reglas-, el Gobierno propone ahora (y el Congreso vota dócilmente) que la ley de presupuesto “suspenda” (figura no prevista en la Constitución) la ley estatutaria de garantías electorales, para que esa suspensión rija en la campaña electoral. Esa irregular figura, al tenor del artículo 153 de la Constitución, no cabe por ley ordinaria, menos en la de presupuesto; la Carta exige ley estatutaria y revisión previa de la Corte Constitucional. Es un vergonzoso “mico”, abiertamente inconstitucional.

 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

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