¡Salven el decreto!

Es obvia la distancia que existe entre el Gobierno y la Fiscalía por cuenta del decreto de excarcelaciones.
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Sin embargo, no es hora de polémicas sino de marchar todos hacia el mismo lado porque la situación que vivimos así lo demanda. Aunque la propuesta del Ejecutivo luce pragmática, pues se trata de poner a salvo la vida de unos 10 mil presos que, en todo caso están cerca de salir, o tienen más de 60 años o sufren de enfermedades crónicas, la preocupación del Fiscal es que por ahí derecho se cuelen otros que pudieran poner en peligro a la sociedad. 

Si bien no se trata de concederles la libertad absoluta, las “detenciones domiciliarias transitorias” pueden ser un nombre elegante para que muchos de los reclusos, pasada la crisis, no vuelvan a los centros penitenciarios. De allí que el ente acusador que dirige Francisco Barbosa proponga, en cambio, que esa población más vulnerable sea trasladada a algunos de los 85 bienes inmuebles que están incautados por el Estado colombiano para que, en vez de quedar en las calles, sigan bajo el control de las autoridades penitenciarias y no generen problemas una vez liberados. Además, la crítica del Fiscal se sustenta en la imposibilidad práctica de que fiscales y jueces se pronuncien en el término de dos semanas sobre cada uno de los casos, pues el decreto no puede ordenar automáticamente la salida de todos los presos, sino que tiene que mediar un pronunciamiento judicial para que dichas libertades se concreten.

Tanto la Judicatura como la Sala Penal de la Corte Suprema, lo mismo que el Procurador y el Contralor acompañarían la posición del Fiscal y, si el Gobierno se empeña en sacar el decreto a su manera, se expondría a quedarse solo contra todo el resto de aparato institucional que no está de acuerdo.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda han analizado la viabilidad presupuestal de esta posición que ha asumido la Fiscalía y no parece haber recursos para concretarla. Sin embargo, una salida intermedia debería buscarse. Hay que salvar el decreto porque lo cierto es que la situación de hacinamiento y peligro de contagio es inminente. Ojalá los unos y los otros se sienten para hallar fórmulas realistas que le permitan a la población carcelaria estar segura y encontrar algo de dignidad en medio del estado de cosas inconstitucionales en el que se encuentran. Las polémicas pueden esperar. Ahora se trata de encontrar salidas conjuntas y ceder en lo que corresponda para construir un decreto que recoja las válidas inquietudes de todos los actores. 

JOSÉ MANUEL ACEVEDO

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