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De espaldas al país, con un sigilo propio de maleantes nocturnos, las mayorías parlamentarias de la politiquería -amangualados con el gobierno de Iván Duque- han aprobado el desmonte inconstitucional de las provisiones de la Ley de Garantías.
Esas normas impedían hasta hoy que el Ejecutivo riegue contratos, puestos, convenios interadministrativos, nombramientos, obras y dineros públicos para favorecer a sus parlamentarios amigos y a los candidatos del Centro Democrático, del Partido de la U y a todos aquellos que han sido los cómplices del gobierno más desprestigiado e impopular de la historia nacional. Se quieren aferrar al poder a toda costa, con la compra de votos, los contratos y la corrupción. Los ciudadanos tenemos la obligación de votar masivamente para sacar a todos esos cómplices de la politiquería y el clientelismo de sus curules y reemplazarlos por dirigentes probos, honestos y con vocación de servicio.
La ausencia de la Ley de Garantías facilita la perpetuación de las mafias familiares de la política y la corrupción, como las que ha denunciado Daniel Coronell en el caso del exsenador Pulgar, y de tantos politiqueros condenados por corrupción que siguen aferrados a los cargos públicos por interpuesta persona. Más grave aún, quieren evitar que el profundo rechazo colectivo de los ciudadanos al gobierno Duque y a sus mayorías parlamentarias se pueda expresar libremente en las urnas en las próximas elecciones.
Quieren aprovecharse del hambre y el desempleo que han creado para subyugar a los votantes con prebendas y promesas. Para eso han eliminado la vigencia de la Ley de Garantías. Los ciudadanos no permitiremos que los politiqueros y los corruptos secuestren la voluntad popular de esa manera.
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