Manual 4.0 para congresistas

El Congreso de la República es una de las corporaciones con peor reputación del sector público en Colombia, no solo por los escándalos de corrupción que han protagonizado algunos de sus miembros sino por su ineficiencia en el trámite de proyectos de Ley determinantes para el futuro del país. Tan grave es la situación que la firma consultora Sumar concluye que en los 6 meses transcurridos de la actual legislatura se han radicado 1.800 proyectos de Ley, de los cuales el 20 por ciento pasa el primer debate en su respectiva comisión; de ese total el 3 por ciento pasa a segundo debate y de este último valor, otro 3 por ciento llega a tercer debate.
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El Congreso de la República es una de las corporaciones con peor reputación del sector público en Colombia, no solo por los escándalos de corrupción que han protagonizado algunos de sus miembros sino por su ineficiencia en el trámite de proyectos de Ley determinantes para el futuro del país. Tan grave es la situación que la firma consultora Sumar concluye que en los 6 meses transcurridos de la actual legislatura se han radicado 1.800 proyectos de Ley, de los cuales el 20 por ciento pasa el primer debate en su respectiva comisión; de ese total el 3 por ciento pasa a segundo debate y de este último valor, otro 3 por ciento llega a tercer debate. Al final, menos del 0,01 por ciento de los proyectos tramitados se aprueban, lo que en términos empresariales resulta en un índice alarmante de ineficiencia.

 

Por esa razón, no puede ser más oportuno que quienes aspiren a llegar al Congreso de la República en las próximas contiendas electorales contemplen iniciativas que atiendan las nuevas realidades del país. Y ahí está la agenda 4.0 que tiene, en mi opinión, cinco temas fundamentales. En primer lugar, conectividad para llevar Internet a las regiones más apartadas del país y para mejorar la calidad del servicio en las áreas urbanas; no es poco lo que se requiere desde la legislación para generar condiciones que permitan que empresas públicas y privadas participen de la consolidación de infraestructura TIC y se logren tarifas más competitivas.

 

En segundo lugar, la modernización del Estado para que más colombianos puedan hacer sus trámites sin salir de casa, conectando las bases de datos entre instituciones públicas a través de procesos de interoperabilidad y consolidando mecanismos de participación y transparencia para la lucha contra la corrupción. No puede ser que se legalicen contratos con pólizas falsas cuando la tecnología permite la verificación de este tipo de documentos en tiempo real.

 

No es menos importante la necesidad de tener una justicia digital que permita reducir los altos niveles de impunidad que tiene Colombia. La digitalización de los expedientes y la posibilidad de adelantar de manera virtual todas las diligencias judiciales demanda recursos urgentes. Resolver los debates entorno a la reglamentación de los sectores económicos que se están transformando digitalmente, como es el caso de la movilidad, también es determinante para el futuro de la economía digital. Lo que ha sucedido con las plataformas digitales como Uber o Didi es lamentable en la medida que no se piensa en los usuarios.

 

Y finalmente legislar para que más ciudadanos se apropien de los canales digitales, con plataformas educativas e informativas que los conecten con el mundo y les permitan desarrollar habilidades complementarias como la programación y el bilingüismo o trabajar de manera remota. Ahí está el futuro y mucho puede hacer el Congreso de la República para favorecer esa agenda los próximos cuatro años.

Juan Manuel Ramírez M
Correo
j@egonomista.com

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