Colpensiones abrió operaciones en 2012. Esto luego que cinco años atrás se le diera vida jurídica con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del periodo de Gobierno 2006-2010. En este 2022 se cumplen los primeros 10 años desde que Colpensiones abrió sus puertas a los ciudadanos. Hoy en día es la responsable de uno de los hitos más importantes en ámbito económico de una persona: el retiro laboral.

La Misión de Empleo entregó un diagnóstico desafiante sobre el funcionamiento del mercado laboral colombiano: las altas tasas de informalidad laboral son una trampa sin salida que conduce a la mayoría de los trabajadores a un retiro sin ingresos garantizados. Es tal la complejidad de la informalidad laboral que al mismo tiempo es causa y efecto de una baja productividad. Las raíces de esta situación son tan profundas que el propio jefe de la Misión, Santiago Levy, pidió no intentar solucionarlo todo “de un solo jalón” sino de trazar un camino e ir recorriendo paso a paso para evitar dañarlo todo.

Las acciones en materia de pensiones y de protección a la vejez no se han hecho esperar en los últimos tres años. Mientras el Gobierno del presidente Iván Duque se ha cimentado sobre un pilar de equidad, esta visión se ha materializado en una visión integral hacia el ingreso económico en la vejez de todas las personas en edad de retiro. Más allá de hablar de pensiones se procuró consolidar un verdadero sistema de protección económica en esta etapa de la vida, encabezado por Colpensiones.

La población mayor de nuestro país está creciendo a ritmos acelerados. Para el 2050 pasaremos de ver a 13 de cada 100 personas mayores de 65 años a cerca de 30. Esto ubicará a nuestras prioridades de emprendimiento frente a las puertas de la SilverEconomía, o la economía de las canas. Los emprendedores que logren resolver problemas a la población mayor de manera competitiva serán los ganadores de esta dinámica demográfica que no tiene freno.

Casi la mitad de los trabajadores del país tienen ingresos laborales inferiores a los $908.526, nuestro salario mínimo, en el caso de los trabajadores en zonas rurales la proporción es mayor, ocho de cada diez. Esta cruda realidad se agudiza por el efecto, no intencional, del artículo 48 de nuestra Constitución Política que indica que, las pensiones y, por tanto, las contribuciones que las financian no pueden ser inferiores al salario mínimo.