Este ambiguo discurso causa desazón. No entendemos las razones para volver a crear falsas expectativas, que nos pueden conducir a una situación de mayor inseguridad y polarización social. No olvidemos que llegamos a la senda de la derrota militar de la guerrilla, justamente, después de los frustrantes “acuerdos” del Caguán y que urge apretar las operaciones militares ante la creciente ola de criminalidad.

No podemos equivocarnos. En Córdoba, Arauca, Caquetá, el Magdalena Medio, Nariño, Putumayo o el Valle los secuestros, la extorsión y el abigeato volvieron a sumarse a las fuentes de financiación de las FARC y el ELN. Para el último año, las cifras oficiales dan cuenta de un aumento del 29 por ciento en los secuestros totales y del seis por ciento en los extorsivos. Pero, también las víctimas de minas antipersonal, masacres y homicidios están a la orden del día, aunque con un importante subregistro a nivel central. Fenómeno asociado, según el propio general Naranjo, a desapariciones forzosas, fosas comunes y un retroceso real en la denuncia. Hay temor y en sectores como el ganadero, empieza a evidenciarse en una nueva oleada de abandono de las fincas.

Entonces, ¿con qué criterios se está volviendo abrir la peligrosa puerta de la negociación con las guerrillas? ¿Qué se va negociar y bajo qué condiciones? ¿Cuál es el marco de “justicia transicional” que se está construyendo, afín a los intereses de los grupos armados irregulares? ¿Qué hay de los instrumentos que hemos ratificado en materia de Derechos Humanos, que hacen inviable la impunidad para los actos terroristas, la amnistía y los indultos? No es realista pensar que la guerrilla se acogerá dócilmente a los mandatos constitucionales, legales y jurídicos o que llegará a las mesas sin pretensiones explícitas.

Del triunvirato heredero de Tirofijo –constituido por el “Mono Jojoy”, Reyes y Cano– sólo queda el ala más recalcitrante de la izquierda ideológica y armada. Alfonso Cano es el miembro vivo más antiguo del Secretariado, con una curtida formación dogmática en la JUCO de los años 70 y al menos cinco décadas de vida revolucionaria. De él se ha dicho que despreció los acuerdos de desmovilización del EPL, el PRT, el Quintín Lame y M-19 en los noventa y que volvió a hacerlo en el Caguán. Pero, además, que no es el más proclive a las negociaciones, sin obtener a cambio el “as” del control político. Entonces, ¿cuánto está dispuesta a ceder esta sociedad, que nunca ha visto en la guerrilla una muestra para humanizar el conflicto, ni voluntad para poner fin a la barbarie?

El día que los violentos quieran sentarse a negociar, tendrán que hacerlo sobre la base de los postulados del Derecho Internacional Humanitario, que acogimos en nuestra legislación y que obligan al cese total de las violaciones contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y enjuiciar y castigar a los infractores. ¿Eso es posible? Dado que la respuesta parece ser no, la coyuntura permeada por un incremento real de la criminalidad, demanda una respuesta unánime, para cerrar filas contra la barbarie de los métodos terroristas y clausurar la dolorosa página del conflicto. No podemos ser inferiores a nuestra responsabilidad histórica. Equivocarnos sería un error imperdonable. Una disyuntiva, sólo puede conducirnos a darle un nuevo aire a las FARC, afectando el manejo del orden público y generando un mayor desasosiego entre quienes vivimos de cerca el terror.