Si una persona ve reducidos sus ingresos, simplemente gastará menos, sin que ello afecte la economía. Pero si todos los hogares, las empresas y el sector público compran menos, entonces la cosa es a otro precio. Los productores de esos bienes y servicios que se dejan de vender, pues producen menos.
El agricultor no siembra, el industrial no amplía planta, los supermercados reducen inventario, los hoteles se desocupan y el Gobierno hace menos obras. Se necesita menos mano de obra y se pierden empleos; las familias tienen todavía menos ingresos y el Gobierno recauda menos impuestos, y en ese círculo vicioso la economía se desacelera en su conjunto.
A ese menor gasto generalizado lo llaman “contracción de la demanda agregada”, que puede tener un impacto negativo, no solo sobre las metas de crecimiento, sino para acometer los retos del posconflicto, que, dicho sea de paso, aparte de la reparación a las víctimas, no son otra cosa que lo que los gobiernos han debido hacer y no hicieron durante más de medio siglo, sobre todo en el campo.
Volvamos al comienzo: la reducción de los ingresos, que es un asunto de sumas y restas. En lo público, la caída de la renta petrolera, según Minhacienda, deja un faltante de $15 billones para 2015. El Ministro reconoce que de la última reforma tributaria, solo $4.5 billones son recursos frescos para cubrir menores ingresos.
El resto es una “apretada de cinturón” por $6 billones, y queda un hueco de $4.5 billones, sin sumar el servicio de la deuda externa, que le costará al país 26% más por efecto de la devaluación.
Ante la amenaza de desaceleración, el Gobierno podría acudir a su socio natural: el sector privado. De hecho, así está previsto en el Plan de Desarrollo, que estima una financiación privada del orden del 75%. Sin embargo, el impuesto “a la riqueza” –antes patrimonio– le quitó margen de maniobra, pues es antitécnico, regresivo y termina generando descapitalización y, paradójicamente, destrucción de riqueza. Colombia tiene una de las tasas impositivas reales más altas del mundo, superior al 43%, y nadie sabe a dónde llegaremos con la Reforma Tributaria Estructural.
Más restas. Sobre los privados pesa una exagerada tendencia alcista del impuesto predial. El total del avalúo catastral urbano creció 71% en los últimos cinco años, mientras que el rural ha subido 62%. Con mayores avalúos, además del predial, el impuesto a la riqueza también se catapulta.
En el sector rural, que contribuye con 6.1% del PIB y aporta al Estado el 14% de los ingresos prediales, se evidencia un desequilibrio que se convierte en ignominioso, cuando se contrasta con el abandono y la falta de bienes públicos. Sobra decir que los privados también verán crecer su deuda externa por la devaluación y, sin duda, muchas inversiones serán aplazadas o migrarán a donde la tributación no los haga nadar contra la corriente.
El ministro es optimista –le corresponde serlo– y también es serio, pero la oferta mundial de petróleo sigue creciendo –ya no saben dónde almacenarlo– y se habla de barril a US$33, mientras el Gobierno ajustó los ingresos del Plan de Desarrollo a US$48, para un recorte de $17 billones.
Habrá que revisar la estructura tributaria para que estimule en lugar de “espantar” y, sobre todo, con buen dólar y una creciente demanda mundial por alimentos, es el momento de lanzar a Colombia como la potencia agropecuaria que puede y debe ser.
N.B. Tiene razón Banrepública. El brote inflacionario es coyuntural y, si se contrae la demanda, en el segundo semestre la inflación volverá a su meta.
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