Esa es la calificación que le da La Honorable Corte Constitucional en la providencia t-388 de 2013, con fecha del 28 de junio de 2013, en la misma se habla a fondo del asunto y por eso sugiero su estudio. Comparto la calificación y sostengo que ese estado de cosas no puede continuar. Desde 1975 cuando inicié mis estudios de derecho en la Universidad de Medellín, he tenido como uno de mis temas favoritos de reflexión el sistema penitenciario en general y especialmente el colombiano en particular.
Tuve la oportunidad de atender algunos casos como estudiante de último año de derecho en la penitenciaría Bellavista de Medellín, una de las más importantes y temibles que tiene el país. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en Doña Juana de la Dorada Caldas. En mi calidad de fiscal seccional conocí las del Líbano, Purificación y Lérida. Como defensor público me ha correspondido atender internos en la de Picaleña. Por eso me atrevo a ocuparme del asunto. A los condenados no les dan posibilidades reales de trabajo, actividad física, de cultura, estudios y recreación.
La Corte Constitucional ha dictado sentencias en la que se ocupa del tratamiento especial que se les debe dar a los indígenas que incurren en un delito dentro de su territorio, contra sus mismas gentes, incluyendo indígenas que incurren en delitos fuera de su territorio y contra personas que no son miembros de su comunidad. Siempre se dispone que se les respete su calidad de tales.
Eso mismo tendría que suceder, desde luego guardando las proporciones, respecto del campesino nuestro, el cual tiene derecho a continuar en su actividad agrícola, en los lugares en los que están sus familiares, produciendo para el centro penitenciario, para su propio beneficio y por lo tanto manteniendo su forma de vida.
Al obrero, al técnico y al profesional hay que darle una alternativa similar siempre respetando las proporciones. Hablo de no tener a una persona dando vueltas en un patio, encerrado en una pequeña celda pensando en quien sabe qué cosa, perdiendo su identidad, sacado a voluntad del Inpec de su entorno y forma de vida. La verdad es que no todos se dedican por iniciativa propia a leer, estudiar y a cultivar su cuerpo haciendo ejercicio, que sería lo ideal. Estos aspectos se deben incentivar.
El costo de una penitenciaría para el Estado respecto de su mantenimiento es muy grande, esto en lo que a la alimentación, servicios públicos, salud y vigilancia se refiere. Todo esto se presta para la corrupción y para toda clase de atropellos.
Cuando se demuestra que una persona delinquió sin ser un enfermo mental, hay que retirarlo de la comunidad, se le debe privar de su libertad, claro que sí, pero eso no significa que deje de ser un ser humano. Las facultades de psicología, las que tiene especialización en psiquiatría, las de sociología y las de economía, deberían tener vínculos directos con los internos ya condenados, prestando un servicio social para apoyarlos y para que de su participación resulten orientaciones para los centros penitenciarios.
Los profesionales de las mismas disciplinas deberían prestar un servicio social gratuito y eso con propuestas concretas. La totalidad del Estado, incluyendo el Sena, las universidades oficiales, la empresa privada y en general todos los estamentos de la sociedad deberían buscar salidas efectivas para los condenados.
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