El tema de las cámaras para identificar infractores y su posible contratación con operadores privados ha sido un tema de creciente interés, para los ibaguereños, en el último mes. Hace dos semanas me referí al tema en este mismo espacio. Hoy y en las próximas dos entregas expresaré mi opinión sobre la conveniencia de modernizar los instrumentos para que se cumpla la Ley pero también sobre la aparente y, para algunos, evidente inconveniencia de realizar un negocio en los términos hasta ahora planteados.

Lo primero que se hace evidente es la torpeza con que se ha manejado el tema por parte de la autoridad. Es que una cosa es la utilidad de la implantación de elementos persuasivos y otra cosa es el negocio que, aparentemente, se quiere montar en beneficio de particulares. Desde la Administración no se ha sabido ¿o, a sabiendas, no se ha querido? separar los dos temas y, como consecuencia, hay lugar a las airadas protestas de taxistas y otros ciudadanos que no quieren que les castiguen su indisciplina al volante pero esgrimen argumentos distractores.

Cualquiera que respete la Ley acepta la necesidad de imponer multas, automatizadas o no, como medio desestimulante para los infractores. En la medida en que se tenga éxito y se genere cultura ciudadana, los recursos de multas disminuirán hasta el ideal de desaparecer. Mientras tanto, el cobro debe ser efectivo, eficiente y eficaz y se debe perseguir al remiso.

Por supuesto, la implantación de medios disuasivos contra infracciones, debe ser un todo complementario. Han de existir la muy visible señalización pasiva horizontal y vertical, los semáforos modernos y en buen estado, suficientes agentes de tránsito y honestos, una flotilla de grúas oficiales, cámaras estáticas y portátiles, sitios de parqueo permitido y prohibido, alumbrado público que funcione, paraderos de buses y de taxis, y todo lo demás que queramos imaginar, dentro de un ambiente de vías en buen estado, para vehículos y peatones. El sistema debe funcionar 24-7, todo el día y la noche, durante toda la semana.

Y si no funciona la disuasión, entonces sí, y sin contemplaciones, debe imponerse la sanción. Y no solamente imponerse: también cobrarse. No puede ser que, en pleno siglo XXI de las comunicaciones, un agente de policía no pueda verificar el estado de deuda de un conductor y, si debe cosas viejas, detener el vehículo hasta que se ponga al día y, si no lo hace rápidamente, subastar el bien. Los propietarios deben saber que si prestan su carro o contratan chofer, este debe estar al día con las multas, o se corre el riesgo de perder el vehículo.

Sabiendo así que es conveniente tener cámaras, debemos mirar que su implantación no dé lugar a un negocio inconveniente para el Municipio pero buenísimo para el grupo de caballeritos de industria que han tratado de privatizar, en su beneficio, a la mayoría de las rentas de Ibagué. Se dice que el alcalde sancionó, ayer, el Acuerdo de las fotomultas. La Presidenta del Concejo ya renunció a su cargo.

En la próxima entrega opinaremos sobre el estudio para las fotomultas y sus cifras.