Fotomultas IV

He expresado que tener cámaras fijas y portátiles es procedente como medio disuasivo, y eventualmente punitivo, para la contravención a las normas de tránsito. ¿Quién debe instalar y operar esas cámaras? Eso tiene que ver con el presupuesto municipal. Si hay recursos públicos disponibles, ha de mantenerse la operación pública. Si no, puede justificarse la contratación con un privado, mediante una concesión que tenga unas condiciones muy específicas y exigentes de calidad del servicio y que se corresponda con una remuneración justa a la inversión, remuneración que no deberá ser exorbitante. Una concesión se puede dar mediante licitación o mediante APP (Asociación Público Privada) y esta última puede ser de iniciativa estatal o privada. El Municipio hizo un estudio (bueno o malo, pero estudio oficial) y las APP que se presenten han de ser de iniciativa pública. ¿Cómo son las APP ya presentadas, por el mismo representante legal de diferentes proponentes?

El estudio dado a conocer por el Municipio, que eventualmente serviría para adelantar el proyecto de “fotomultas”, carece de explicaciones claras para muchos supuestos y, entonces, surgen multitud de preguntas, imposibles de formular en un espacio tan corto como el de esta columna. Pero veamos: ¿por qué no se busca con cámaras a los principales infractores? Se propone instalar 22 cámaras para las infracciones que ocupan los lugares cuarto y decimosexto dentro de las de mayor ocurrencia .¿Qué pasará con el resto de tipos de infracción? ¡La más frecuente ocurre 280% veces más que la cuarta!

No sabe uno por qué las cámaras funcionarán solamente 12 horas al día. ¿Acaso, queremos evitar el pago de horas nocturnas a los computadores y cámaras, o es que estos necesitan descanso? Si de exceso de velocidad se trata, empíricamente diría yo que de noche hay más infracciones.

¿Por qué se infla el valor de la inversión, con IVA? Por lo que se ve, los precios de cada elemento ya lo tienen incluido. Claro, con IVA la inversión pasa de 4.8 a 5.6 millardos y se “aleja” de las posibilidades fiscales. Y, claro, se infla el valor de la inversión del concesionario en detrimento de los intereses de todos los ciudadanos. Si es que es necesario que las cámaras las instale un privado y las fotomultas las opere una concesión, los números deben ser del dominio público y los valores de remuneración han de ser razonables. Este, no puede ser un negocio más rentable que exportar cocaína y no puede ser a costa del erario, que es de todos nosotros y no del Gobierno, que apenas lo administra.

Según el estudio la inversión será de 5.64 millardos y, solo en el primer año, el inversionista obtendrá 21.62 millardos. ¡En un año, el inversionista obtiene cuatro veces la inversión! ¡Y son 20 años! Diríamos con Shakespeare y en boca de Hamlet, que algo huele mal en Dinamarca.

Otra cosa: Pasó un período presidencial completo y no se dio al servicio el Viaducto del Tigre (entre Ibagué y Cajamarca), pese a que había sido inaugurado hace más de cuatro años. Permitir su uso, ¿será una de las “muchas cosas que faltan por hacer” de Santos?

Credito
JULIO A. LONDOÑO B.

Comentarios