¿Habrá Juegos Nacionales este año? ¡Claro que sí! Lo que dudo es que se hagan en el Tolima y en Ibagué, por lo menos con escenarios adecuados. Además de la pachorra o tardanza o indolencia o lo que sea, de la Administración municipal de La Musical, encontramos ahora que otras autoridades están señalando omisiones y trámites equivocados en los procesos que tendrían que habernos llevado a la contratación de las obras, por lo menos, desde mediados del año pasado. En los municipios que son sedes alternas, no tengo ni idea de cuál será la situación.
Pero parece que este gobierno municipal tiene como filosofía de administración el famoso laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même que originalmente se expresó respecto de la economía pero que aquí, desde hace varios períodos de gobierno, nos hace sufrir el destrozo de la ciudad. Al paso que vamos, difícilmente habrá contratos adjudicados en este mes. Y contratos legalizados y con Acta de Inicio, los habrá por allá en marzo, si les rinde. Y los juegos son para noviembre. Si la estulticia de algunos no lo impide, inaugurarán las justas en medio del barro de las obras inconclusas, sin que estos juegos hayan servido como catalizador de un avance importante en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Porque si esa estulticia se opone, veremos por televisión la inauguración y las competencias en otra parte de Colombia.
La frasecita se traduce como algo parecido a “Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo”.
Otra cosa: Se supo que Cortolima mediante resolución suspendió las actividades de una mina (que presumo de metales preciosos dado el uso de cianuro) en Santa Isabel. Eso está muy bien. Lo digo porque ese es el rol que debe cumplir la autoridad ambiental. Vigilar con rigor y, si hay mal manejo o malas prácticas mineras y daño al entorno, sancionar con severidad.
Cuando hablamos de minería, es fútil engarzarse en polémicas sobre los posibles daños que esa actividad producirá a futuro. Debemos, sí, armar a las autoridades del ambiente con las mejores herramientas para enfrentarse a los mineros legales (que los ilegales son un problema de policía) y tener grupos de reales expertos que puedan, con sus conocimientos de doctorado, sentarse frente a los expertos de las compañías extractoras. Así, cuando se haga la revisión permanente de la actividad, tendremos confrontación de ideas y de evidencias entre pares y no la lucha probable de burro amarrado contra tigre embejucado. Ni el posible arreglo del problema por debajo de la mesa. Sin perjuicio, por supuesto, de la denuncia a que tenemos derecho los ciudadanos cuando vemos que un proyecto lleva mal camino, como cuando alguien pretenda explotar oro en los páramos. Esto, lo vemos a diario por mineros ilegales en la cordillera Central, entre otros sitios.
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