PAZ, RESPONSABILIDAD DE TODOS

En los últimos años he tenido la oportunidad de conocer de cerca algunas zonas de conflicto en el país y de allí la inquietud sobre los retos que nos impone su recuperación no sólo al Estado, incluyendo a sus Fuerzas Militares y a la Policía nacional, sino a nosotros, los ciudadanos en general.

Por ello sorprende la excesiva responsabilidad que hemos puesto los colombianos en nuestras Fuerzas Militares. Según la Constitución, sus obligaciones son la defensa de la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden institucional. ¿Por qué, entonces, pretender y exigir que nos resuelvan problemas que no son, ni deben, ni pueden ser, de su resorte?

¿Es acaso su responsabilidad resolver todos los problemas surgidos por el abandono histórico que han sufrido grandes zonas y regiones del país no sólo por los gobiernos de turno, sino también por sus líderes empresariales, sociales, eclesiásticos?

Qué fácil es, desde la comodidad de las grandes ciudades, sentenciar y adjudicar los eventos de los últimos meses a su falta de capacidad, a una supuesta desmoralización. ¿Hasta dónde, en aquellas zonas en donde se llevan a cabo las más duras batallas en las que han logrado desterrar guerrilla, paramilitares u otros grupos ilegales, ha llegado con eficiencia el Estado? ¿Y hasta dónde, nosotros, los ciudadanos?

Nosotros también tenemos deberes constitucionales, entre ellos propender al logro y mantenimiento de la paz y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Nos extraña (¿nos duele?) y reclamamos cuando se repiten episodios en las mismas zonas del país: Cauca, Meta, Caquetá, Arauca, Putumayo; ¿qué tienen éstas en común? ¿Hay en ellas infraestructura que permita, además de control territorial, el cubrimiento de las necesidades básicas de la población? ¿Existen vías de comunicación y servicios de electricidad, agua potable, comunicaciones, salud, educación, justicia; todos ellos fundamentales para el desarrollo económico y social? ¿Cuántos recursos hemos invertido en esta lucha por lograr ‘la paz’? ¿Cuántas batallas y vidas de nuestros ciudadanos perdidas en una guerra que no es exclusivamente militar?

Reflexionemos. No responsabilicemos a otros de nuestra indolencia, muy posiblemente por falta de conocimiento y de profundización; reconozcamos y afrontemos que tenemos una gran responsabilidad, que nos ha faltado comprometernos en la construcción de nuestro país. Conozcamos nuestra historia, nuestra realidad. Aún somos un país joven -200 años no son nada en la historia de una nación-; no sigamos cargando nuestro crecimiento con batallas estériles.

Establezcamos prioridades... Control territorial, razón de ser y obligación de las Fuerzas Militares; presencia institucional y autoridad, deberes de diversas instancias del Estado; inversión; mucha inversión en el desarrollo social y económico, esfuerzo que debe ser compartido entre el Estado y la sociedad. Consolidación es el nombre que resume la política de Estado para afrontar este reto que nos impone a todos un esfuerzo mayor.

Sintámonos responsables, seamos solidarios; incluyamos y otorguemos la importancia que merecen nuestras regiones más abandonadas, entre ellas La Macarena-Caguán, Catatumbo, la Cordillera Central, Putumayo, Tumaco, Montes de María, Nudo de Paramillo. De nuestro aporte obtendremos nuestro retorno más valioso: el bienestar de nuestros ciudadanos y con ello, la paz con la que todos soñamos.

Conozcamos y comprometámonos con los deberes de cada cual, aceptemos que ésta no es una batalla exclusivamente militar. Rodeemos y apoyemos al Estado y a sus FF.MM., la solución está en cada uno de nosotros, trabajemos bajo esta mirada; las armas, en sí mismas y como lo hemos visto, no remediarán todas las causas de la violencia.

Credito
Ángela María Londoño de la Cuesta

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