A raíz de los golpes contundentes que ha dado la Fuerza Pública y en su afán por ganar el reconocimiento nacional e internacional, el gobierno habla de lo cerca que se está de “sentar” a la guerrilla a negociar. Nada nuevo si tenemos en cuenta que no existe generación ni persona en Colombia a la que no le haya tocado oír al gobernante de turno hablar sobre su interés en iniciar con los diálogos que nos encaminen a un proceso de paz.

Nuestros dirigentes han afirmado hasta el cansancio la pérdida ideológica de los grupos subversivos, de manera más recurrente y con más vehemencia en la última década. Con ello se consiguió de los colombianos y de la comunidad internacional la percepción de que la guerrilla -la que anhelaba la toma del poder mediante las ramas con el fin de defender los intereses de los más necesitados-, pasara a convertirse en un grupo armado ilegal que vive “de” y “para” disfrutar los placeres que otorga el dinero producto del negocio de la droga y de la ilegalidad.

Así las cosas, lo más natural cuando oímos hablar de la posibilidad de negociar, es preguntar a quién estamos “muy cerca de sentar”: ¿A los grupos de guerrilleros, cada vez más reducidos según cifras oficiales, convertidos en narco guerrilleros o narco terroristas, como se les suele llamar internamente y por gran parte de la comunidad internacional? ¿A los narcotraficantes que con el dinero producto de la ilegalidad han tenido la capacidad de cambiar los valores de varias de nuestras generaciones y corromper a políticos, a  funcionarios públicos, a jueces y demás? ¿Narcotraficantes causantes de la más aberrante violencia que inunda campos y ciudades de la geografía nacional? O ¿a la multitud de otros delincuentes, que hoy hacen parte de las llamadas Bacrim, que no hicieron otra cosa que aprovechar el desorden, la corrupción, la inoperancia de la justicia,  la falta de oportunidades para una parte de la población, y terminaron construyendo una maraña de ilegalidad y criminalidad? De acuerdo con información que recibimos permanentemente del gobierno y de los medios de comunicación, es tal la infiltración y connivencia entre unos y otros, que se ha convertido en una especie de telaraña imposible de descifrar.  

Las experiencias de negociaciones pasadas con grupos guerrilleros nos han mostrado éxitos, la del M19, pero también fracasos como la del Cagúan con las FARC, que los colombianos tememos repetir. La más reciente negociación con un grupo armado ilegal y la que mejor refleja la verdadera realidad y dimensión del conflicto armado en Colombia es la adelantada con los paramilitares: todos conocemos los resultados.

No hay duda de que las soluciones a los conflictos en Colombia –y no solo hay uno- tienen que ser consecuencia de las negociaciones con cada uno de los grupos o de las organizaciones al margen de la ley. La inquietud radica en conocer si estamos realmente en el momento de “quiebre”; saber a cuál de ellos –si es que se puede establecer- corresponde ese momento y determinar el impacto de dicha negociación dentro del conjunto de  fuentes causantes de la violencia.  

Un proceso de paz tiene que ser producto y resultado de un profundo conocimiento de la realidad y del consenso nacional: son demasiados actores y generadores de violencia con los que es necesario negociar; negociar significa recibir pero también entregar. En un eventual pacto todos los colombianos tenemos algo que entregar y sobre todo algo que perdonar: no solo el gobierno, incluida la Fuerza Pública, sino también el sector empresarial y agrícola de las zonas urbana y rural; igualmente, los campesinos y ciudadanos del común, víctimas o no de actos de violencia.

Ha sido tan largo y doloroso nuestro proceso de construcción de nación que no podemos anhelar otra cosa que vivir con mayor tranquilidad y en una país en relativa paz. Razón, por demás, que obliga al pueblo colombiano a preguntar: ¿Con quién y qué vamos a negociar?

Colprensa