Causan miedo y terror y no se han encontrado mecanismos para su control; su inadecuado manejo lleva incluso, a la muerte. Con una característica y capacidad adicional: producen en los otros intolerancia y agresividad.

En los otros -los demás ciudadanos, los que transitan y comparten los mismos espacios de las motocicletas y de sus conductores, los que tienen idénticos deberes y derechos- son en quienes están aflorando unos sentimientos que no son sanos ni convenientes.

Más aún, emociones o sentimientos que pueden evitarse o por lo menos aminorarse con políticas, controles y sanciones.

Algunas son normas legales de tránsito que deben (no los obligan) respetar, otras son de simple cortesía y urbanidad: ¿Por qué van en contravía?

¿Por qué no respetan los cruces y semáforos? ¿Por qué se suben a los andenes exponiendo no solo su vida sino la de los transeúntes? ¿Por qué adelantan por la derecha? ¿Por qué las altas o -más incomodo aún- bajas velocidades? ¿Por qué van por la izquierda? ¿Por qué se convierten en vehículos de acarreos? ¿Por qué pasan rayando pinturas y arrancando espejos?

¿Por qué el culebreo permanente entre los vehículos que pacientemente esperan el cambio de luz? ¿Por qué se atraviesan para adelantar primero y por encima de los demás? Preocupante la belicosa relación entre motoristas, conductores y peatones…

Poco saludable, además, es dejar que la discusión sobre su regulación se convierta en una lucha de clases. El problema no es de pobreza ni de riqueza -aunque es claro que ante el alto costo de vida y la falta de oportunidades es una solución para aliviar el presupuesto familiar-, tampoco de bajo o alto cilindraje.

La contrariedad de la ciudadanía radica en la imprudencia de los motociclistas, en su escasa civilidad. Desconocen deberes ¡no así sus derechos! Es ése el factor causante de la violencia física y verbal. Evitar estos niveles de exaltación exige no ahorrar esfuerzos, ni aplazar medidas. Es necesario, además de regular, apretar.

La decisión tomada por fabricantes y distribuidores de entregar casco y moto en el momento de la compra o un bono para que el conductor lo reclame cuando él decida, denota una buena intención por proteger la integridad de una persona en caso de accidente. Sin embargo, éste propósito no ataca ni aminora ni resuelve el problema de intransigencia e intimidación que propicia la alta tasa de accidentalidad.

Recomendable y razonable, además de suministrar o exigir equipos de protección, imponer la participación y aprobación de un curso de “cultura ciudadana” con énfasis en deberes y responsabilidades, para mejorar su condición y calidad de ciudadano.

Así pues, su acreditación junto con la licencia de conducción (después de un exigente curso teórico/práctico), serían los requerimientos exigidos para transitar por las vías del país.

Cualquier alteración o falsificación será motivo de suspensión definitiva de una licencia de conducción, medida que debería ser aplicada a todo ciudadano/conductor.

Colprensa