Por lo que propone el expresidente César Gaviria Trujillo podría creerse que los diálogos de La Habana han llegado al punto en que esperar su feliz término es lo más sensato. Esa sería una noticia de dicha para muchos, pero que podría entrañar muchas adversidades para quienes nunca aparecieron como combatientes dentro del conflicto ni se dejaron ver como instigadores de la violencia, pero fueron sus gestores, patrocinadores y, para decirlo en pocas palabras, sus autores intelectuales. Estos fueron los que liberaron al Estado de tener que acudir a la guerra sucia, pues la asumieron como su gran responsabilidad, aunque muchas veces con la complicidad de los cuarteles.
A los combatientes, soldados y guerrilleros, debe ofrecérseles una justicia transicional amplia, sin mayores restricciones, y por eso son válidos los cuestionamientos de las Farc-EP al ordenamiento que se aprobó en el Congreso sin escuchar de ellos ninguna opinión, pese a ser ellos los que se reinsertarían a la vida civil. No obstante, estas inconformidades, la justicia transicional que hasta hoy existe, aunque mezquina para los combatientes, resultaría excesivamente generosa para quienes desde un relativo anonimato, y con los ojos puestos no en la patria o en los colombianos, sino en sus bolsillos, en sus intereses y aún en las parcelas de sus vecinos, degradaron el conflicto al extremo del horror.
Por eso no nos llama la atención la propuesta del expresidente Gaviria. Además de reflejarse en ella la condición inexorable de final feliz de los diálogos, lo cual nos alegra, también está allí el perdón para quienes obligaron a los campesinos, obreros e intelectuales a armarse en defensa de sus tierras y de sus derechos a la educación, la salud, el techo, el trabajo digno y la democracia. Y está también el perdón para un grupo de empresarios de la ciudad y del campo que armaron y financiaron el paquete de bandas criminales que conocimos bajo el nombre de organizaciones paramilitares y a las cuales les asignaron la tarea de degradar el conflicto.
No, a estos personajes no se les pueden ofrecer los mismos beneficios que a los miembros de las guerrillas y de las Fuerzas Armadas y de Policía. Y si para que la paz sea estable y duradera se hace necesario tener algunas contemplaciones con ellos, que se tengan, pero estableciendo diferencias tan claras que no hagan aparecer a nuestro país ante el mundo como el reino de la impunidad. De la definición de esas diferencias debe estar pendiente todo el movimiento democrático, pero muy especialmente las organizaciones sociales y políticas que se vienen aglutinando en torno al Frente Amplio por la Paz con Justicia Social.
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